Mes: octubre 2024

Ley de Bosques: organizaciones civiles alertan sobre el desfinanciamiento estructural y el impacto de la eliminación del FOBOSQUE

A través de una carta , Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación por la restitución del fondo fiduciario administrado por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) y advirtieron que esta decisión atenta contra la protección de los bosques nativos, un patrimonio natural vital para el país y para las generaciones futuras.

El 8 de octubre, mediante el Decreto 888/24, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE),  alegando falta de capacidades institucionales de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, basados en un informe preparado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Este fondo había sido creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 -modificatoria de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques- con el fin de administrar de forma más eficiente y transparente el FNECBN. “El FOBOSQUE permitía realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y fortalecer la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible”, expresaron las organizaciones. 

En la carta, las organizaciones advierten de un desfinanciamiento estructural que pone en riesgo la efectividad de la Ley de Bosques y remarcan que la eliminación del FOBOSQUE agrava aún más esta situación. 

“Durante el 2024, el Tesoro Nacional no ejecutó ni un sólo peso para este fondo, a pesar de tener presupuestados $10.000 millones”, señalaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Vida Silvestre Argentin; Círculo de Políticas Ambientales; WCS Argentina; Consciente Colectivo; REDAF; Habitar y Desarrollo; Eco House; Natura Argentina; Proyectar; Yuchan;  ACERCA; Fundación Patagonia Natural; Banco de Bosques; Jóvenes por el Clima; ACEN; AVINA; Fundación Somuncurá; FIBO Impacto y Fundación Por el Mar.

Además, explicaron que al analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, el FNECBN debería contar con $352.664 millones, correspondientes al 0,3% del Presupuesto Nacional que establece la Ley 26.331. Sin embargo, el FNECBN tiene asignado para el año próximo apenas $10.000 millones, un 2,84% de lo que efectivamente debería recibir.

Asimismo, señalaron que la eliminación del FOBOSQUE representa un  “grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 y colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que establece que no deben haber retrocesos en logros alcanzados en materia ambiental”.

“Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo”, enfatizaron en el comunicado. Además, subrayaron: “Solicitamos a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que durante el debate de la Ley de Presupuesto 2025 garanticen el cumplimiento de la Ley 26.331”.

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Carta de ONG al Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación por el Decreto que atenta contra la protección de los bosques nativos de Argentina

Nuevo video: “Las experiencias de la trazabilidad de los productos del mar en el mundo”

Buenos Aires, 14 de octubre 2024- El Círculo de Políticas Ambientales lanzó un documento audiovisual en el cual se muestra cómo diferentes países y regiones están aplicando sistemas de trazabilidad de la pesca para garantizar la legalidad e inocuidad de los alimentos provenientes del mar. Se exhiben los casos de Filipinas, España y Ecuador que agregan valor a sus productos pesqueros aplicando sistemas de trazabilidad electrónica.

El video documenta como Filipinas, el segundo productor de atún enlatado de Asia, desarrolló su sistema de trazabilidad electrónica para poder distinguir su producto legal de aquellos provenientes de la pesca ilegal y no regulada, y de esta forma poder seguir exportando a mercado cada vez más exigentes como Europa o Japón.

La pesca artesanal también aplica la trazabilidad para distinguir sus productos de forma legal. El video recorre los casos de las comunidades de pescadores artesanales de Galicia que utilizan sistemas de valorización y etiquetado que permiten rastrear desde un dispositivo móvil el producto desde su captura hasta que son consumidos.

La acuicultura ecuatoriana es otro caso que se observa en el documental. Mediante la tecnología blockchain se obtiene un registro en tiempo real de toda la cadena de suministro del camarón, compartiendo información de forma segura y transparente, garantizando que el camarón cumpla con todas las regulaciones en términos de inocuidad, estándares ambientales, sociales, de ética empresarial y de comercio justo, entre otros.

Las buenas experiencias en otros países son un ejemplo a tener en cuenta en la Argentina, donde necesitamos un sistema nacional de trazabilidad de la pesca que nos asegure una alimentación segura, proteja la biodiversidad marina, diferencie los productos legales de los ilegales y combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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Nueva distribución de cuotas pesqueras: ¿Se premia a los infractores de la ley?

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No hay Verde elaboraron un breve informe sobre la nueva distribución de cuotas pesqueras. En el 2009 las sanciones de cada barco influían entre el 1% y 2% sobre el porcentaje de cuota que se les otorgaba. Sin embargo, este año el porcentaje se redujo en un 0,1%.

El Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), establecido por la Ley Federal de Pesca y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de 5 especies, entre las que se encuentra una de las más capturadas del Mar Argentino, la merluza común o hubbsi (1)

Cinco especies se rigen por el sistema de CITC, y estas cuotas se asignan por 15 años. En 2009 se distribuyeron las cuotas por primera vez, y en 2025 inician los próximos 15 años. Por ello, actualmente, el CFP se encuentra re-distribuyendo las cuotas que regirán durante los próximos 15 años.

Para la distribución de las cuotas, o la porción de la ‘torta’, el CFP toma en cuenta cinco aspectos que determinan cuánto porcentaje le toca a cada empresa y/o barco: historial de captura en un determinado período de años, Mano de obra, ProducciónInversiones y sanciones.

Cada uno de estos factores tiene una influencia o ponderación diferente sobre la cuota que se otorgará, por ejemplo, para el caso de la merluza de cola, se asignó una proporción de 50, 30, 15, 5, y 0,1 por ciento de ponderación de cada uno de los mismos, siendo el correspondiente a sanciones sustractivo, o sea, que resta cuota.

De las cinco especies cuotificadas del Mar Argentino, se acaban de distribuir las cuotas de merluza de cola (Macroronus magellanicus), merluza negra (Dissostichus eleginoides), y polaca (Micromesistius australis). Restan Merluza común o hubbsi (Merluccius hubbsi) y Vieira patagónica (Zygochlamys patagonica).

Las organizaciones señalan que ya prácticamente no tiene influencia en la competencia por la cuota el hecho de que la embarcación y/o empresa haya transgredido o no las normas, da lo mismo si respeta la ley o no, casi que se premia al infractor.

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Disolución del fondo fiduciario de bosques: “el gobierno busca hacerse con el dinero destinado por ley a la protección de bosques nativos”

8 de octubre de 2024. A través del Decreto 888/2024, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado por el artículo 53 de la Ley N° 27.431 del año 2018. Esta herramienta permitía una administración más transparente y una ejecución más eficiente de las partidas presupuestarias que sustancian el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos creado por la Ley 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo Nacional estará habilitado para redireccionar esta partida presupuestaria para otros fines, como sucedió en el pasado, antes de la creación este instrumento.

A través del artículo 53, la Ley 27.431 que creó el FOBOSQUE establece como objeto del mismo “administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331, promover los objetivos de la ley e implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada ante el Acuerdo de París aprobado por ley 27.270, y que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco de la ley 27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la ley 26.331. Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio siguiente”.

El FOBOSQUE permitía la adjudicación directa de los fondos compensatorios a los privados cuyos predios estuvieran categorizados como rojos o amarillos en los ordenamientos territoriales de bosques nativos provinciales, y hacer redituable las partidas asignadas al Fondo en contextos de alta inflación o devaluación de la moneda.

“Lo que busca el Poder Ejecutivo es hacerse con el dinero del Fondo de la Ley de Bosques para poder reasignarlo a otros ítems del presupuesto, desfinanciando así a la norma. El FOBOSQUE había venido no sólo a resolver una gestión más eficiente de la asignación a las provincias, sino también a evitar estos desvíos. Recordemos que, previo a la creación del fideicomiso, se habían usado montos destinados a los bosques a financiar el programa “Fútbol para Todos”, por ejemplo, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

De acuerdo con el Decreto 888/2024, el FOBOSQUE es disuelto por “un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones (provincias) para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”. “Este argumento no es válido para cuestionar esta herramienta”, señaló Testa. “En todo caso, lo que deberían es trabajar para que las jurisdicciones provinciales mejoren los mecanismos de rendición de cuentas. Eso no tiene que ver con la herramienta financiera en sí, sino con reforzar la capacidad estatal”, remarcó.

La Ley 26.331 de protección de bosques nativos fue sancionada en 2007 y logró reducir significativamente la deforestación en la Argentina. Entre los instrumentos de gestión que la Ley promueve se encuentra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.  La disolución del FOBOSQUE deja al Fondo sin la herramienta administrativa para asignar a las provincias de manera transparente y segura las partidas presupuestarias que le corresponden por Ley de acuerdo con sus ordenamientos territoriales.

La PlataformaH2 Argentina participó de la Mesa de Hidrógeno de Santa Cruz

7 de octubre de 2024. El pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Mesa de Hidrógeno Provincial en Santa Cruz. Este espacio tiene entre sus objetivos la elaboración del “Plan Hidrógeno Santa Cruz 2030” para el aprovechamiento del recurso a nivel local.  El encuentro fue convocado por el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, y contó con la presencia de representantes del sector privado, instituciones educativas, legisladores, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Por la PlataformaH2 Argentina participaron Juan Carlos Villalonga (Globe y Círculo de Políticas Ambientales), Juan Pedro Agüero (RP Global) y Santiago Enríquez (Cámara de Industria y Comercio Alemana), quienes ahondaron sobre el trabajo realizado a través de la articulación multisectorial en la Argentina y expusieron los avances en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel global.

La “Mesa Provincial del Hidrógeno” fue creada por la Ley 3873/24 como organismo especializado, plural e interdisciplinario, encargado de analizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo de la Economía del Hidrógeno en la provincia de Santa Cruz, principalmente en materia científica y productiva, con el objetivo de diseñar y definir políticas públicas para su aprovechamiento integral en todo el territorio Provincial.

Nueva distribución de cuotas pesqueras: ¿Se premia a los infractores de la ley?

El Congreso de la Nación aprobó dos acuerdos internacionales claves para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Buenos Aires, 1 de octubre 2024. El Congreso de la Nación acaba de aprobar los acuerdos de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca Destructiva y de la OMI (Ciudad del Cabo) sobre Seguridad de los Buques Pesqueros, dos instrumentos internacionales importantes para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada(INDNR).

La pesca como la que realizan las grandes flotas que operan al borde exterior de la ZEE argentina es posible por los subsidios de sus estados y el trabajo forzoso. Estos dos acuerdos internacionales buscan poner límite a estas prácticas.Ahora es el turno de Cancillería, que deberá depositar los instrumentos de ratificación en ambos organismos.

Desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos trabajando desde hace tiempo en lograr soluciones para las amenazas al océano, en especial para la protección y conservación del Mar Argentino.

El Paquete de Ginebra adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial en junio de 2022, luego de 20 años de negociaciones, representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos dado que prohíbe las subvenciones a la pesca perjudiciales, un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces en el mundo.

Hasta el momento ya lo han ratificado 60 Estados, entre ellos nuestros países vecinos Perú, Chile y Uruguay. Para que el Acuerdo entre en vigor es necesario que las dos terceras partes de los Miembros de la OMC depositen su “instrumento de aceptación”.

Anualmente, los gobiernos gastan aproximadamente $22 mil millones de dólares en subsidios a la pesca para compensar el costo en combustible, artes de pesca y construcción de nuevas flotas entre otras. Estos subsidios promueven el esfuerzo pesquero y la sobrepesca. Sin los grandes subsidios gubernamentales, el 54% de los caladeros de pesca de alta mar no serían rentables.

En el Atlántico Sudoccidental operan aproximadamente 550 embarcaciones pesqueras y de apoyo al borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina gracias a los subsidios a la pesca destructiva. Estas flotas de agua distante (DWF) no cumplen con ninguna regulación ni medida de sostenibilidad y amenazan los recursos marinos del país en la milla 201. Sin los aportes de sus gobiernos no podrían alcanzar regiones tan remotas.

Argentina, junto a los países de la región, son afectados directamente por los impactos negativos causados por las subvenciones a la pesca destructiva de estas flotas, por lo que debería ratificar de forma urgente el Acuerdo de la OMC.

Por su parte, el Acuerdo de Ciudad del Cabo fue celebrado en octubre de 2012 en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores comerciales y los observadores. En 2022 el Acuerdo fue relanzado en busca de las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.

En los últimos años, el foco puesto en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha revelado que las condiciones deficientes de trabajo son la regla en las flotas de aguas distantes, en las que se expone a las tripulaciones al trabajo forzoso, permaneciendo a bordo por períodos más largos, cada vez más lejos de casa y sin descanso, bajo condiciones meteorológicas peligrosas, sin equipos de seguridad, con alimento escaso y no adecuado y sin asistencia médica básica.

La entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012 lograría un control global más estricto de las condiciones de trabajo de las tripulaciones y que las operaciones de pesca se lleven a cabo de manera segura y legal. Se trata de herramienta que contribuye a combatir la explotación de las personas y de los recursos, desalentando, además, la pesca INDNR que azota a varias regiones del mundo, incluido el Atlántico Sudoccidental.

Para mayor información sobre el Acuerdo de OMC ver Prohibición de subvenciones a la pesca destructiva y sobre Acuerdo de Ciudad del Cabo hacer clic aquí