Se renovó la asignación de cuotas de la merluza común para la explotación del recurso por 15 años en un proceso a puertas cerradas

La merluza hubbsi es la especie de mayor volumen de exportación del caladero argentino

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2024- El Consejo Federal Pesquero realizó la renovación de la asignación de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) de la merluza común (hubbsi), que regirá desde 2025 a 2039.

Las organizaciones ambientales Sin Azul No hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que procesos como la cuotificación, que asignan a privados la explotación de recursos comunes, deben ser más transparentes y que la sociedad debe contar con herramientas que permitan
evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.

A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación y acceso de documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisión de la medida.

Esta nueva cuotificación se suma al proceso realizado en septiembre pasado, cuando fueron otorgadas las cuotas de las especies merluza negra, merluza polaca y de cola, todas dentro del régimen de CITC y sometidas al mismo proceso. Por otra parte, se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2% ( antes era del 0,15 %). En ambos procesos no hubo información de forma previa a la toma de decisión, ni explicación de cómo fueron tomadas las medidas. Recién una vez ejecutada la distribución se informó el acto administrativo a través de las actas de la reunión y las resoluciones del Consejo Federal de Pesca.

El Régimen de CITC, establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.992) y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de cinco especies (merluza negra, merluza de cola, merluza polaca, merluza común o hubbsi y vieira). A través de este régimen un barco y/o empresa disponen de un porcentaje de captura de una especie del total de lo asignado a toda la flota para dicha especie (Captura Máxima Permisible). Las cuotas son transferibles, es decir, pueden ser vendidas o prestadas entre barcos y/o empresas y tienen un alto valor económico.

La Ley establece cinco ítems como parámetros para la distribución de la cuota: el historial de captura de un barco, la mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, los porcentajes de incidencia que tendrán dichos parámetros sobre la fórmula de asignaciones, son establecidos por el Consejo Federal Pesquero. En 2009, el porcentaje de ponderación que se aplicaba para la merluza hubbsi a cada empresa por su historial de sanciones era del 5%, pero en 2024 este ítem bajó a un 0,1 %.

En los cinco factores que se toman en cuenta para la asignación de cuotas no se contempla ningún aspecto relativo a la sustentabilidad de la operación de la empresa y/o barco. Todos son factores relacionados con la explotación y la productividad, el ambiente y los impactos sobre la especie y el ecosistema marino prácticamente no se toman en cuenta. Hasta ahora, al menos en lo relativo a sanciones, este 5% de factor de ponderación podría promover e incentivar prácticas más sostenibles. Con la reducción actual de este porcentaje que ya era bajo, en relación a los otros parámetros, prácticamente
se elimina cualquier posibilidad de que la distribución de cuotas se contemple algún aspecto relativo al comportamiento de la empresa en términos de sostenibilidad.

Hoy en día es muy difícil acceder al historial de sanciones de las empresas que operan en aguas jurisdiccionales. No existe un registro de información pública, y el acceso a estos datos por medio del proceso administrativo de acceso a la información pública pocas veces arroja resultados positivos. La transparencia es esencial para garantizar una gestión pesquera eficiente que garantice la sostenibilidad del recurso. Una mala gobernanza de la pesca puede generar sobreexplotación del recurso y una injusta distribución de sus beneficios.

Las organizaciones SANHV y CPA demandan por un registro público en línea que permita tener acceso a la información de la flota pesquera que opera en el territorio nacional, como existe en otros países de la región.

La Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura,
licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones.

Los recursos pesqueros son un bien común, por lo tanto la ciudadanía debe tener acceso a la información que permita velar por una distribución justa y un manejo sostenible.

SIN ACUERDO GLOBAL PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA

Buenos Aires- 2 de diciembre 2024–  Los 177 países que están negociando un tratado global sobre la contaminación plástica no pudieron alcanzar un acuerdo en la última ronda de negociaciones que terminó ayer, en Busan (Corea del Sur).  La 5ta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, había sido programada como la última reunión, de un proceso de dos años, para obtener un texto definitivo del acuerdo.

Las negociaciones fracasaron debido a que los países no lograron ponerse de acuerdo en limitar la producción de plásticos a escala global. Aunque más de 100 países estaban a favor de establecer medidas que abarquen todo el ciclo de vida de los plásticos, incluyendo la reducción de la producción de plástico, un pequeño grupo de países liderado por los grandes productores de petróleo (entre ellos Arabia Saudita, Irán y  Rusia) se opusieron, argumentando que las medidas deben centrarse únicamente en la gestión de la contaminación plástica.

Los negociadores acordaron reanudar las conversaciones a mediados del año próximo, en la INC 5.2, donde se deben definir las medidas claves del tratado global para terminar con la contaminación plástica. Entre los ejes de la discusión se destacan aquellas medidas vinculadas a limitar la producción de plástico (objetivo global vinculante o a definir por los estados partes, eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, impuestos al plástico, entre otros), la eliminación gradual de plásticos problemáticos y evitables (Identificación a ecala global o nacional); la eliminación de productos químicos (eliminación, minimización o regulación); microplásticos (eliminación de aquellos añadidos intencionalmente); el diseño de productos y su desempeño.

Entre algunos aspectos que sí lograron alcanzar acuerdos entre los negociadores, durante 2024, se subrayan aquellas medidas para facilitar la reutilización y reciclado, establecer sistemas de responsabilidad ampliada del productor y avanzar con planes nacionales de acción.

Seminario “Trazabilidad de la pesca: la demanda global y la situación argentina” en la Legislatura del Chubut

Rawson, 25 de noviembre de 2024. Se realizó el seminario: “Trazabilidad de la pesca: la demanda global y la situación argentina” en la Legislatura del Chubut, con la presencia del vicegobernador, Gustavo Menna, el secretario de Pesca, Andrés Pedro Arbeletche, la diputada Maria Andrea AGUILERA, el especialista en pesca y acuicultura Fabián Ballesteros Morales y la Directora Ejecutiva del CPA María Eugenia Testa.

En el evento, organizado por el Gobierno de la Provincia, la Legislatura y el Círculo de Políticas Ambientales, se abordó el estado de avance de una ley nacional; las nuevas regulaciones de los mercados de exportación y los elementos clave de un sistema de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

Se conversó sobre la situación actual del proyecto de ley nacional de trazabilidad de la pesca y cómo la ley podrá impactar en la provincia. El objetivo del proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, desde la captura hasta el consumidor final.


La trazabilidad permite diferenciar en los mercados internacionales la pesca local legal de aquella que se realiza de forma ilegal o no reglamentada a partir de la milla 200, además de evitar el fraude y la sustitución de especies tanto en los mercados internacionales como en el doméstico.


Cada vez son más los países que establecen normas de trazabilidad para importar productos de mar no solo para garantizar la inocuidad de estos sino, además, su legalidad.

Expertos coinciden que serían muy perjudicial para la Argentina abandonar el Acuerdo de París

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2024. En el foro realizado por el Círculo de Políticas Ambientales, especialistas señalaron la gravedad del retiro de la delegación nacional de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático- COP 29-, que culmina mañana en Bakú (Azerbaiyán). “Solo perjudica a la Argentina”, argumentaron.

La charla virtual “Cambio Climático: Nueva Contribución Determina a Nivel Nacional. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? contó con la participación de los especialistas en política climática Soledad Aguilar, directora de la Maestría de Derecho y Economía del Cambio Climático de FLACSO; Florencia Mitchell, asesora del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Cali Villalonga, presidente de Globe International y asesor en Cambio Climático del CPA. Se realizó con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires y el acompañamiento de FLACSO Argentina.

La COP 29 fue definida como la Conferencia de las finanzas climáticas, porque las negociaciones más relevantes se dan en torno a los fondos necesarios para garantizar la transición energética y facilitar la adaptación al cambio climático.

Soledad Aguilar, quien ha participado en numerosas COP como funcionaria del Servicio Exterior de la Nación afirmó: “La salida de la COP29 solo nos perjudica a nosotros. No tienen ningún beneficio para Argentina dejar la reunión (COP29). A su vez, dejar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su conjunto sería gravísimo para Argentina, nos convertiría en parias a nivel internacional. No sería favorable ni para las exportaciones argentinas, ni para la cooperación que recibimos, ni para los sectores industriales y/o agrícolas”.

Por su parte, Florencia Mitchell quien está representando al CFI en Bakú y fue Directora Nacional de Cambio Climático señaló: “Hay mucha incertidumbre, todo es muy reciente para adelantarnos y saber efectivamente cuáles serán los impactos por la salida de la COP (quisiera no pensar en la salida del Acuerdo de París), porque no hay antecedentes, incluso EEUU cuando se retiró del AP, lo hizo efectivamente solo tres meses, pero nunca faltó a una COP, nunca dejaron de estar representados en las mesas de negociación”.

 Juan Carlos Villalonga, quien encabezó la delegación argentina en 2015 en la COP 21, cuando se adoptó el Acuerdo de Paris, hoy también en Azerbaiyán, argumentó que “lo que resulta tremendo es que se hayan retirado de la reunión, sin ningún tipo de comunicación oficial que justifique y explique porque Argentina se retiró de la Conferencia. Es un acto de despreció al país organizador de la COP, una falta de respeto a los demás miembros de la conferencia. Tanto la Conferencia como el pueblo argentino merecen tener una explicación, son nuestros representantes y le hemos dado este mandato por diferentes vías, incluido el Congreso de la Nación.”

La Contribución Nacional Determinada 3.0 (NDC) es la nueva meta de reducción de emisiones de GEI que deben presentar los países en el marco del Acuerdo de Paris, de forma mejorada, esto quiere decir aumentar la ambición de reducción de GEI con el fin de poder manteneros dentro del 1.5 °C de aumento de temperatura planetaria.

En este sentido Aguilar señaló “el beneficio de presentar nuestra NDC a nivel global es un tema de transparencia, informar cuanto estamos emitiendo, y a nivel local, implica contar con una planificación a mediano y largo plazo y estar preparados para abordar los riesgos que representa el clima. Además, cualquier que venga a hacer una inversión en la Argentina, incluso el sector petrolero, va a querer conocer la trayectoria de descarbonización que tiene el país”.

Por su parte, Florencia Mitchell agregó que “el gran desafío de la NDC es poder alcanzar los consensos necesarios entre las actividades de mayor nivel de emisión de GEI (Energía, transporte, ganadería, deforestación), para lograr efectivamente las reducciones propuestas, y por otra parte, es una oportunidad para repensar el desarrollo del país desde la sostenibilidad”.

A su vez, Villalonga señaló “el proceso de construcción de la nueva NDC que viene por delante implica una reducción importante de las emisiones de GEI, hasta ahora representaba una estabilización de las emisiones, ahora requiere un gran movimiento en todos los sectores de la economía, como minimo tendríamos que reducir un 50%, 40%, 30%; que es una barbaridad. Es imperioso que sea muy dialogada y consensuada, porque va a implicar un esfuerzo enorme para los diferentes sectores, que deben estar todos sentados en la mesa de la planificación”.

Para acceder a la charla completa haga clic aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=W2KRf8ybJUw&t=1301s

Organizaciones rechazan el retiro de la Argentina de las negociaciones de la COP29 de cambio climático

Más de 70 organizaciones ambientales y de la sociedad civil advirtieron sobre el grave retroceso en política ambiental y climática que implica la decisión del gobierno nacional de retirar a la delegación argentina de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre.

“Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productiva y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación”, expresaron las organizaciones en el comunicado publicado hoy.

Argentina ha participado en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia. 

Las organizaciones firmantes sostienen que la decisión adoptada “constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional”.

Leer el comunicado completo

Ley de Bosques: organizaciones civiles alertan sobre el desfinanciamiento estructural y el impacto de la eliminación del FOBOSQUE

A través de una carta , Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación por la restitución del fondo fiduciario administrado por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) y advirtieron que esta decisión atenta contra la protección de los bosques nativos, un patrimonio natural vital para el país y para las generaciones futuras.

El 8 de octubre, mediante el Decreto 888/24, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE),  alegando falta de capacidades institucionales de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, basados en un informe preparado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Este fondo había sido creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 -modificatoria de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques- con el fin de administrar de forma más eficiente y transparente el FNECBN. “El FOBOSQUE permitía realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y fortalecer la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible”, expresaron las organizaciones. 

En la carta, las organizaciones advierten de un desfinanciamiento estructural que pone en riesgo la efectividad de la Ley de Bosques y remarcan que la eliminación del FOBOSQUE agrava aún más esta situación. 

“Durante el 2024, el Tesoro Nacional no ejecutó ni un sólo peso para este fondo, a pesar de tener presupuestados $10.000 millones”, señalaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Vida Silvestre Argentin; Círculo de Políticas Ambientales; WCS Argentina; Consciente Colectivo; REDAF; Habitar y Desarrollo; Eco House; Natura Argentina; Proyectar; Yuchan;  ACERCA; Fundación Patagonia Natural; Banco de Bosques; Jóvenes por el Clima; ACEN; AVINA; Fundación Somuncurá; FIBO Impacto y Fundación Por el Mar.

Además, explicaron que al analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, el FNECBN debería contar con $352.664 millones, correspondientes al 0,3% del Presupuesto Nacional que establece la Ley 26.331. Sin embargo, el FNECBN tiene asignado para el año próximo apenas $10.000 millones, un 2,84% de lo que efectivamente debería recibir.

Asimismo, señalaron que la eliminación del FOBOSQUE representa un  “grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 y colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que establece que no deben haber retrocesos en logros alcanzados en materia ambiental”.

“Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo”, enfatizaron en el comunicado. Además, subrayaron: “Solicitamos a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que durante el debate de la Ley de Presupuesto 2025 garanticen el cumplimiento de la Ley 26.331”.

Para leer carta completa a las autoridades hacer click acá

Nuevo video: “Las experiencias de la trazabilidad de los productos del mar en el mundo”

Buenos Aires, 14 de octubre 2024- El Círculo de Políticas Ambientales lanzó un documento audiovisual en el cual se muestra cómo diferentes países y regiones están aplicando sistemas de trazabilidad de la pesca para garantizar la legalidad e inocuidad de los alimentos provenientes del mar. Se exhiben los casos de Filipinas, España y Ecuador que agregan valor a sus productos pesqueros aplicando sistemas de trazabilidad electrónica.

El video documenta como Filipinas, el segundo productor de atún enlatado de Asia, desarrolló su sistema de trazabilidad electrónica para poder distinguir su producto legal de aquellos provenientes de la pesca ilegal y no regulada, y de esta forma poder seguir exportando a mercado cada vez más exigentes como Europa o Japón.

La pesca artesanal también aplica la trazabilidad para distinguir sus productos de forma legal. El video recorre los casos de las comunidades de pescadores artesanales de Galicia que utilizan sistemas de valorización y etiquetado que permiten rastrear desde un dispositivo móvil el producto desde su captura hasta que son consumidos.

La acuicultura ecuatoriana es otro caso que se observa en el documental. Mediante la tecnología blockchain se obtiene un registro en tiempo real de toda la cadena de suministro del camarón, compartiendo información de forma segura y transparente, garantizando que el camarón cumpla con todas las regulaciones en términos de inocuidad, estándares ambientales, sociales, de ética empresarial y de comercio justo, entre otros.

Las buenas experiencias en otros países son un ejemplo a tener en cuenta en la Argentina, donde necesitamos un sistema nacional de trazabilidad de la pesca que nos asegure una alimentación segura, proteja la biodiversidad marina, diferencie los productos legales de los ilegales y combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Para acceder al video hacer click acá

Nueva distribución de cuotas pesqueras: ¿Se premia a los infractores de la ley?

El Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No hay Verde elaboraron un breve informe sobre la nueva distribución de cuotas pesqueras. En el 2009 las sanciones de cada barco influían entre el 1% y 2% sobre el porcentaje de cuota que se les otorgaba. Sin embargo, este año el porcentaje se redujo en un 0,1%.

El Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC), establecido por la Ley Federal de Pesca y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de 5 especies, entre las que se encuentra una de las más capturadas del Mar Argentino, la merluza común o hubbsi (1)

Cinco especies se rigen por el sistema de CITC, y estas cuotas se asignan por 15 años. En 2009 se distribuyeron las cuotas por primera vez, y en 2025 inician los próximos 15 años. Por ello, actualmente, el CFP se encuentra re-distribuyendo las cuotas que regirán durante los próximos 15 años.

Para la distribución de las cuotas, o la porción de la ‘torta’, el CFP toma en cuenta cinco aspectos que determinan cuánto porcentaje le toca a cada empresa y/o barco: historial de captura en un determinado período de años, Mano de obra, ProducciónInversiones y sanciones.

Cada uno de estos factores tiene una influencia o ponderación diferente sobre la cuota que se otorgará, por ejemplo, para el caso de la merluza de cola, se asignó una proporción de 50, 30, 15, 5, y 0,1 por ciento de ponderación de cada uno de los mismos, siendo el correspondiente a sanciones sustractivo, o sea, que resta cuota.

De las cinco especies cuotificadas del Mar Argentino, se acaban de distribuir las cuotas de merluza de cola (Macroronus magellanicus), merluza negra (Dissostichus eleginoides), y polaca (Micromesistius australis). Restan Merluza común o hubbsi (Merluccius hubbsi) y Vieira patagónica (Zygochlamys patagonica).

Las organizaciones señalan que ya prácticamente no tiene influencia en la competencia por la cuota el hecho de que la embarcación y/o empresa haya transgredido o no las normas, da lo mismo si respeta la ley o no, casi que se premia al infractor.

Para acceder al informe hacer click aquí

Disolución del fondo fiduciario de bosques: “el gobierno busca hacerse con el dinero destinado por ley a la protección de bosques nativos”

8 de octubre de 2024. A través del Decreto 888/2024, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado por el artículo 53 de la Ley N° 27.431 del año 2018. Esta herramienta permitía una administración más transparente y una ejecución más eficiente de las partidas presupuestarias que sustancian el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos creado por la Ley 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo Nacional estará habilitado para redireccionar esta partida presupuestaria para otros fines, como sucedió en el pasado, antes de la creación este instrumento.

A través del artículo 53, la Ley 27.431 que creó el FOBOSQUE establece como objeto del mismo “administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331, promover los objetivos de la ley e implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada ante el Acuerdo de París aprobado por ley 27.270, y que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco de la ley 27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la ley 26.331. Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio siguiente”.

El FOBOSQUE permitía la adjudicación directa de los fondos compensatorios a los privados cuyos predios estuvieran categorizados como rojos o amarillos en los ordenamientos territoriales de bosques nativos provinciales, y hacer redituable las partidas asignadas al Fondo en contextos de alta inflación o devaluación de la moneda.

“Lo que busca el Poder Ejecutivo es hacerse con el dinero del Fondo de la Ley de Bosques para poder reasignarlo a otros ítems del presupuesto, desfinanciando así a la norma. El FOBOSQUE había venido no sólo a resolver una gestión más eficiente de la asignación a las provincias, sino también a evitar estos desvíos. Recordemos que, previo a la creación del fideicomiso, se habían usado montos destinados a los bosques a financiar el programa “Fútbol para Todos”, por ejemplo, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

De acuerdo con el Decreto 888/2024, el FOBOSQUE es disuelto por “un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones (provincias) para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”. “Este argumento no es válido para cuestionar esta herramienta”, señaló Testa. “En todo caso, lo que deberían es trabajar para que las jurisdicciones provinciales mejoren los mecanismos de rendición de cuentas. Eso no tiene que ver con la herramienta financiera en sí, sino con reforzar la capacidad estatal”, remarcó.

La Ley 26.331 de protección de bosques nativos fue sancionada en 2007 y logró reducir significativamente la deforestación en la Argentina. Entre los instrumentos de gestión que la Ley promueve se encuentra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.  La disolución del FOBOSQUE deja al Fondo sin la herramienta administrativa para asignar a las provincias de manera transparente y segura las partidas presupuestarias que le corresponden por Ley de acuerdo con sus ordenamientos territoriales.

La PlataformaH2 Argentina participó de la Mesa de Hidrógeno de Santa Cruz

7 de octubre de 2024. El pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Mesa de Hidrógeno Provincial en Santa Cruz. Este espacio tiene entre sus objetivos la elaboración del “Plan Hidrógeno Santa Cruz 2030” para el aprovechamiento del recurso a nivel local.  El encuentro fue convocado por el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, y contó con la presencia de representantes del sector privado, instituciones educativas, legisladores, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Por la PlataformaH2 Argentina participaron Juan Carlos Villalonga (Globe y Círculo de Políticas Ambientales), Juan Pedro Agüero (RP Global) y Santiago Enríquez (Cámara de Industria y Comercio Alemana), quienes ahondaron sobre el trabajo realizado a través de la articulación multisectorial en la Argentina y expusieron los avances en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel global.

La “Mesa Provincial del Hidrógeno” fue creada por la Ley 3873/24 como organismo especializado, plural e interdisciplinario, encargado de analizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo de la Economía del Hidrógeno en la provincia de Santa Cruz, principalmente en materia científica y productiva, con el objetivo de diseñar y definir políticas públicas para su aprovechamiento integral en todo el territorio Provincial.