Nuevo informe: Implementar un sistema de trazabilidad es clave en la lucha contra la pesca ilegal y no reglamentada

Cada vez son más los países que están estableciendo sistemas de trazabilidad para los productos del mar, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tres mercados importantes para las exportaciones argentinas. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el trabajo esclavo asociado a ella, son hoy los principales impulsores de estas políticas. Así lo demuestra un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicado hoy, en el que se analiza la situación global y local en materia de trazabilidad de los productos del mar. 

De acuerdo con el reporte, la trazabilidad de la pesca se ha vuelto hoy una de las herramientas clave para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Estos esquemas buscan dejar fuera de juego aquellos productos de la pesca que no puedan certificar su origen y trayectoria, así como las condiciones de trabajo de los tripulantes a bordo. La Argentina aún no cuenta con una norma de estas características, y aunque se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, aún no se ha avanzado en su tratamiento. La industria y organizaciones ambientales impulsan su sanción.

Contar con un sistema nacional de trazabilidad establecido por ley ayudaría a la Argentina a diferenciar sus productos del mar, capturados y comercializados en cumplimiento de la normativa, de aquellos obtenidos a través de la pesca ilegal por las flotas extranjeras que ingresan a nuestra zona económica exclusiva (ZEE) y de aquellos que son producto de la pesca no declarada y no reglamentada, realizada por los mismos barcos al límite de la milla 200. Para la economía argentina es de vital importancia, ya que el 90% de la pesca local tiene como destino la exportación”, señaló Milko Schvarztman, especialista en conservación marina y pesca INDNR del Círculo de Políticas Ambientales.

En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más visible, debido a la preocupación de la sociedad y las denuncias realizadas principalmente por organizaciones no gubernamentales. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la ZEE argentina suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal. Las pérdidas ocasionadas por esta práctica no solo se miden en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicos, por las divisas que dejan de ingresar al país, por la pérdida de empleo y por el impacto sobre los recursos de los que depende la industria nacional.

Debido a que gran parte de estas flotas operan en aguas internacionales, especialmente al borde de las aguas territoriales, las medidas de patrullaje y control de los países no es suficiente, ya igualmente son afectados. Es por ello que, muchos países están estableciendo o ajustando sus políticas de trazabilidad de la pesca. Mientras Japón sancionó a fines de 2020 una ley contra la pesca ilegal y el trabajo esclavo basada en la trazabilidad que está en proceso de reglamentación, los Estados Unidos y la Unión Europea, que ya cuentan con regulaciones de este tipo, están avanzando en el establecimiento de criterios más estrictos. Rusia también ha implementado en 2021 una normativa que va en esta línea.

Que la pesca cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales. Avanzar en una regulación en esa línea es clave para la industria local, más allá de los beneficios ambientales que representa. Debido a ello, desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos promoviendo el tratamiento de una regulación que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca en el Congreso de la Nación”, remarcó María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

El informe publicado hoy por la organización se basa en un relevamiento de la normativa global en materia de trazabilidad de la pesca y de los procesos de debate en torno a ellas que están sucediendo en los principales mercados de exportación de la Argentina. Además, rescata las iniciativas locales que buscan hacer experiencia en este tema clave para el futuro de la industria.

Informe disponible en aquí

“Fascinación Movilidad: El Cambio Tecnológico en la Industria Automotriz”, un evento sobre la movilidad del futuro

Jueves 9 de diciembre de 2021- El pasado martes 7 de diciembre se llevó a cabo el encuentro “Fascinación Movilidad: El Cambio Tecnológico en la Industria Automotriz”, organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina) en el marco del proyecto Foro Futuro, que contó con el auspicio del Círculo de Políticas Ambientales, entre otros. (Video del evento disponible aquí)

En el encuentro, representantes de la industria, del sector público de ambos países y referentes en materia de energía e infraestructura compartieron su visión y proyecciones sobre la movilidad del futuro en el país.

En junio de 2021, junto con colaboradores en Argentina y Alemania, la Embajada de Alemania lanzó su programa principal para los próximos años, el Foro Futuro Argentina-Alemania. El Foro Futuro es una serie de eventos y proyectos con el objetivo de promover un intercambio más intenso entre Alemania y Argentina en los ámbitos político, económico y científico tratando temas en común decisivos para nuestro futuro.

El Foro estará destinado a la modernización de las economías de ambos países e incluye actividades y propuestas de cooperación y acuerdos bilaterales en base a dos áreas principales clave para el futuro, la transformación industrial/Industria 4.0 y la transición energética.

Acceder al video completo del evento aquí

El Círculo de Políticas Ambientales organizó un workshop regional sobre pesca ilegal

Viernes 3 de diciembre de 2021- El pasado jueves 2 de diciembre el Círculo de Políticas Ambientales llevó adelante el workshop regional “Pesca ilegal y flotas de aguas distantes” que contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina.

El encuentro se disertó sobre los subsidios a la sobrepesca y pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR); los impactos ambientales, sociales y económicos, y la violación de los derechos humanos de las tripulaciones, considerando la situación global y de América Latina.

Las presentaciones contaron con expositores experimentados en la materia: Michelle Carrere, editora para temas de océanos en Mongabay Latam; Austin Brush y Henry Peyronnin, especialistas en estudios ambientales y relaciones internacionales y en pesca INDNR en C4ADS*; y Milko Schvartzman, especialista en conservación marina y pesca INDNR en Círculo de Políticas Ambientales.

El evento fue abierto por James-Michael Saxton-Ruiz, responsable del área de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina, y por María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

Acceder al video completo del evento aquí

* C4ADS es una organización sin fines de lucro dedicada a realizar y publicar análisis basados en datos e informes fundados en evidencia sobre conflictos globales y problemas de seguridad transnacional.

Ley de Envases: el esquema propuesto por el Ejecutivo no es el adecuado para implementar la responsabilidad extendida del productor

Desde el Círculo de Políticas Ambientales señalaron que el proyecto de ley de gestión de envases posconsumo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación desconoce la experiencia de 40 años a nivel mundial que demuestra que los sistemas de tasas o impuestos establecidos y administrados por el Estado han resultado ineficientes y no han contribuido a reducir la generación de residuos

En el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases y embalajes y sus residuos en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, la directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, señaló que el principal objetivo de la responsabilidad extendida del productor (REP) debe ser la prevención, y que existen numerosos estudios que demuestran que los sistemas de tasas recaudados y administrados por el Estado no han producido una reducción en la generación de residuos, por lo que se han ido cambiando hacia aquellos gestionados por los propios productores bajo control estatal.

De lo que estamos hablando es de una ley de presupuestos mínimos ambientales que lo que busca es prevenir la generación de residuos, en este caso de envases, para ello tenemos que trabajar en una norma que tenga calidad técnica y se debe hacer foco en cómo está establecida la REP”, señaló Bilbao.

Además del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de este año, desde 2020 se encuentra a la espera del debate uno presentado de forma previa, que propone un sistema diferente para implementar la REP. Este proyecto obtuvo dictamen de minoría de la Comisión con 13 firmas.

En relación con ello Bilbao señaló “el proyecto presentado esta vez por el diputado (Gustavo) Menna se empezó a trabajar en el año 2014 en el marco de la Secretaría de Ambiente de Nación…, y siguió su tratamiento legislativo en 2016 y 2017, incluso se logró un dictamen de comisión con la firma de todos los bloques…Digo esto para que hagamos un recorrido y tengamos en cuenta lo que se ha discutido sobre este tema. Este proyecto (que antecede al del Ejecutivo) es un buen texto por como establece la REP, ya que promueve que la misma industria sea la que deba hacerse cargo de los residuos de los envases que produce. Existen numerosos estudios (…) que muestran que cuando las tasas y/o impuestos son administrados por el estado terminan financiando otras cosas”.  

La REP comenzó aplicándose en los países miembros de la OCDE en la década de los años 90 y luego se extendió a otros países no miembro. En los últimos años se han identificado 395 sistemas REP en funcionamiento en todo el mundo. No obstante, se debe resaltar que el principio, aunque plantea la responsabilidad económica de los productores, no se traduce en un impuesto o tasa. Es más, debido a las falencias en materia de gestión y minimización de los residuos en origen, la mayoría de los esquemas en los países que habían adoptado inicialmente una tasa o impuesto verde recaudado y administrado por el Estado han cambiado a sistemas de REP puros o mixtos, gestionados por los propios productores y fiscalizados por el Estado.

Los envases representan aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos (RSU) y son la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. Se estima que representan el 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios. A nivel nacional solo entre el 3% a 6% de los RSU generados son reciclados para reinsertarlos nuevamente en el circuito productivo.

La ausencia de una gestión de envases se traduce en la obstrucción de los desagües pluviales, mayores volúmenes de residuos para transportar, mayores costos para su disposición final y a su vez, graves impactos sobre los ecosistemas, incluyendo el marino. Según un estudio publicado en la revista Science en 2018, el país se ubica en el puesto N°28 por generación de basura marina a nivel internacional.

Documento de posición del Círculo de Políticas Ambientales aquí

Video de participación en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados aquí

Senadores y diputados debatieron sobre el rol del Congreso en la adaptación y mitigación del cambio climático

Fue en el marco de la presentación del informe del Círculo de Políticas Ambientales “El rol del Congreso de la Nación en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático”, en el que se propone un marco normativo para la transición hacia una economía carbono neutral. 

Al mismo tiempo que se desarrolla la cumbre sobre cambio climático (COP26) en Glasgow, senadores y diputados nacionales disertaron sobre la función del Congreso en la promoción de normativa y políticas públicas que contribuyan a cumplir con los objetivos de reducción de la emisión de los gases que afectan el clima.

El encuentro se realizó este martes 2 de noviembre y participaron la senadora Gladys González, la diputada Graciela Camaño, y los diputados Fabio Quetglas y Enrique Estévez. Los y las legisladoras acompañaron la presentación del informe del Círculo de Políticas Ambientales “El rol del Congreso de la Nación en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático”, en el que se analizan las normas que deberán modificarse, sancionarse o complementarse, para lograr los nuevos objetivos climáticos presentados por el poder ejecutivo en el marco del Acuerdo de París.

El rol del Congreso de la Nación es clave en la descarbonización de la economía y la adaptación al cambio climático. Recordemos que las principales políticas públicas en materia climática de nuestro país han surgido a la luz de leyes nacionales que implicaron el debate político y social en el marco del Parlamento”, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales al abrir el encuentro.

Por su parte, la senadora Gladys González aseguró que “el Congreso es fundamental porque estas políticas (climáticas) son transversales, estructurales y de largo plazo y tenemos que vincular a todos los sectores de la economía”. A lo que agregó, “¿Qué estamos haciendo en el Congreso? ¿Estamos avanzando y construyendo las bases para este proceso de descarbonización?  El Congreso en el último tiempo ha sancionado la ley de cambio climático, la ley de educación ambiental (…) pero la verdad es que si bien son avances importantes no son totalmente significativos como lo fueron la ley de bosques nativos o energías renovables, más determinantes para el proceso de descarbonización. Sin subestimar estas leyes recientes, ya que son importantes, necesitamos avanzar con otras que son más determinantes

Por su parte el diputado Enrique Estévez señaló que “El presupuesto que se está debatiendo en el Congreso tiene una perspectiva medioambiental pobre, los fondos destinados a medio ambiente son de 0,3%, mientras que para energía, combustibles y minería alcanzan el 8%. Esto nos da una foto de cuál es el estado de situación respecto de lo presupuestario. El rol del Congreso es fundamental, pero necesitamos establecer acuerdos que vayan más allá de la política, para que esos proyectos que convertimos en ley no queden en un papel y efectivamente el estado nacional pueda hacer realidad los objetivos establecidos

Desde la sede de la COP26 en Glasgow, Graciela Camaño remarcó que “los congresos tienen una enorme responsabilidad y el nuestro particularmente desde 1994, cuando la reforma constitucional en el art. 41 estableció la cláusula para que atendiéramos la temática ambiental en nuestro modelo de país federal, (pero) la responsabilidad ambiental no es sólo de los diputados y senadores sino de la esfera nacional, ya que está vinculada a los nuevos derechos de los ciudadanos. ¿Tenemos mucho para hacer los parlamentarios? Si, tenemos mucho. Primero en el presupuesto”.

Por último, el diputado Fabio Quetglas manifestó “Creo que debemos discutir qué es lo que está por detrás de la legislación, cómo incidimos en el cambio. Las transiciones pueden generar oportunidades, pero debemos sumarle a eso una agenda para poder enfrentarla. Si no reflexionamos por qué las cosas ocurren o no ocurren y no las conducimos políticamente, somos relatores. Como diputado me gustaría discutir una agenda del cambio climático creíble, que hagamos compromisos consistentes y avancemos en la agenda que el país y el mundo necesitan”

La Argentina presentó su segunda contribución nacional ante las Naciones Unidas con nuevos y ambiciosos objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. La propuesta del país incluye la estabilización de las emisiones a 2030 y la carbono neutralidad para 2050. En ese marco, el Círculo de Políticas Ambientales analizó la normativa en relación con el cambio climático, las energías renovables, los bosques nativos, entre otras; y de temas clave como la protección de los humedales, entre otros, con el objetivo de promover el debate parlamentario en torno a los objetivos climáticos del país y el marco regulatorio necesario para alcanzarlos.   El informe, que contó con el apoyo de la Embajada Británica en Buenos Aires, puede descargarse aquí.

Buscan sancionar una ley de trazabilidad para promover la pesca sostenible y combatir la ilegal

Legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de empresas pesqueras y del SENASA, participaron ayer de la Jornada de Trazabilidad de la Pesca en la Argentina, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales. Coincidieron en la necesidad de que el Congreso de la Nación sancione una regulación a nivel nacional sobre trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

Buenos Aires, 22 de octubre – Con participantes y expositores del sector empresario, la sociedad civil, organismos estatales y legisladores nacionales, se realizó ayer la Jornada de Trazabilidad de la Pesca en la Argentina, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales. Los expositores intercambiaron experiencias y antecedentes locales y analizaron los avances de las regulaciones y restricciones en los principales mercados importadores.

En ese marco, los diputados Gustavo Menna y Carlos Selva -autores de los dos proyectos de ley sobre trazabilidad de la pesca con estado parlamentario en el Congreso de la Nación- coincidieron en que las iniciativas buscan contribuir con el desarrollo de la industria y la adecuación a los nuevos requerimientos que vienen estableciéndose en los principales mercados globales.

El diputado Menna sostuvo, además, que “el debate sobre la trazabilidad tiene que ver con la pesca ilegal, no regulada, que acontece frente a nuestras costas, más allá de la milla 200 pero que también tiene incursiones furtivas de esa flota que no tiene permisos“. En tanto que Selva manifestó que la intención de los proyectos de ley es “seguir fortaleciendo determinadas cadenas productivas que van a garantizar la calidad alimentaria, y (el cumplimiento de) las exigencias que el mundo nos va a requerir”

Por su parte Fabián Ballesteros, de la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura de SENASA, quien expuso sobre el proyecto piloto de trazabilidad en langostinos llevado adelante por la entidad, agregó que el marco regulatorio internacional que viene diseñándose en los últimos años “está requiriendo la posibilidad de contar con un sistema nacional de trazabilidad que sea interoperable”, es decir en línea con los sistemas internacionales.

Ángel Matamoro Irago, director Corporativo RSC de Nueva Pescanova (España), describió el trabajo que vienen realizando bajo los estándares GSDT (Global Dialogue on Seafood Traceability) y aseguró que la empresa proyecta, a partir de marzo de 2022, que todos los productos de langostino producidos en la Argentina garanticen una total trazabilidad a los mercados. En ese sentido, sostuvo: “somos voluntarios para cooperar en todo lo que el gobierno, el mercado, las autoridades argentinas necesiten de nosotros para tener una estupenda ley de trazabilidad en Argentina y alineada con los principales mercados a los que los productos de Argentina llegan“.

Desde Iberconsa, la directora de Calidad Daniela Barreto se sumó al planteo de la necesidad de un sistema de trazabilidad a nivel nacional que facilite la información de diversos proveedores: “en Argentina conviven diversos sistemas de trazabilidad. Esta atomización hace que la coordinación sea difícil entre los actores“, sostuvo.

Por último, desde el sector de las ONGs, Daniela Gomel y Verónica García de Fundación Vida Silvestre presentaron los avances del proyecto de bitácora electrónica, un sistema gratuito y de código abierto que permite utilizar sus dispositivos móviles para registrar y transmitir electrónicamente los datos de las capturas y el esfuerzo pesquero y facilitar a las autoridades un seguimiento de la pesca a través de un sitio web; mientras que desde el Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa realizó un análisis de los avances de la normativa sobre trazabilidad de la pesca en los principales mercados importadores a nivel global. 

Descarbonización de la economía: nuevo curso del Círculo de Políticas Ambientales

Desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre, el Círculo de Políticas Ambientales brindará el curso “Descarbonización de la economía: Cómo impacta la transición a una economía carbono neutral en áreas clave: comercio internacional, hidrocarburos, geopolítica y sector agropecuario” que contará con la disertación de prestigiosos especialistas en cada materia.

Las clases se organizan en:

Introducción ¿Por qué debemos acelerar la transición energética? Las razones urgentes por las que debemos ingresas en una rápida transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. La dimensión y la velocidad de esos cambios definirán el contexto económico y social de este siglo. El reto tecnológico y social de la transición. La transición en la Argentina. Estará a cargo de Juan Carlos Villalonga.

Comercio exterior y proteccionismo verde: Cómo impacta el cambio climático en el comercio internacional. El proteccionismo verde y los requisitos ambientales en el comercio exterior. Características de los cambios regulatorios (ajuste de carbono en frontera y otros). Cuáles son y serán los sectores productivos argentinos más impactados por el proteccionismo verde. Barreras y oportunidades para los mercados argentinos. A cargo de Verónica Gutman.

El sector de los hidrocarburos y la carbono neutralidad. Los posibles escenarios para la industria de los combustibles fósiles para los próximos 30 años. Posibles estrategias para la transformación del sector en la Argentina. La política de subsidios en el contexto de la transición energética. Estará a cargo de Nicolás Gadano.

La descarbonización de la economía en el escenario internacional: Cómo impacta la descarbonización de la economía en el orden mundial. Cómo influye en el rol de y las relaciones entre las grandes potencias y los demás actores del sistema internacional. Qué desafíos enfrentan la Argentina y la región en este contexto y cómo se están posicionando frente a ello. A cargo de Federico Merke.

La transición en el sector agropecuario: Cambio climático y sector agropecuario. Las amenazas y fortalezas en el nuevo escenario de emergencia climática. Qué políticas y medidas deben promoverse para lograr una producción baja en carbono. Cuáles son las barreras y oportunidades que se le presenta al sector bajo el nuevo paradigma de la bioeconomía. Estará a cargo de Federico Bert.

El 4 de noviembre ser realizará una clase debate de cierre.

El curso es arancelado con descuento para estudiantes y requiere inscripción previa.

Información e inscripción aquí

Organizaciones ambientales solicitan al Congreso una ley de trazabilidad de la pesca

Una docena de organizaciones no gubernamentales le piden al Congreso de la Nación que se sancione una ley que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca. El monitoreo de la cadena productiva marítima es clave para combatir la pesca ilegal, el fraude en los productos del mar y promover la sostenibilidad ambiental de las pesquerías.

 “Un sistema nacional de trazabilidad servirá para identificar a las especies del Atlántico Sudoccidental que son capturadas por pesquerías reguladas, de aquellas flotas que no cumplen con las condiciones ambientales, sanitarias y laborales básicas. Con una ley de trazabilidad se preserva el ambiente marino de nuestro país, como así también la producción y el consumo sostenibles”.

 Actualmente, dos proyectos de ley cuentan con estado parlamentario (FdT y JxC), pero no han sido tratados por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

 Estos sistemas están tomando cada vez más relevancia a nivel global, impulsados principalmente por la demanda de los consumidores y también de algunas empresas.

 Los principales destinos de las exportaciones argentinas, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, están avanzando con medidas cada vez más exigentes con respecto al origen y trayecto de los productos de la pesca que llegan a sus consumidores.

Declaración completa aquí

Organizaciones firmantes: Círculo de Políticas Ambientales (CPA); Fundación Rewilding Argentina; Instituto de Conservación de Ballenas; Fundación Vida Silvestre Argentina; Fundeps; Wild Earth Foundation; Ecohouse; Fundación Cambio Democrático; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Sustentabilidad sin Fronteras; Asociación Mane’Kenk y AquaMarina.

Organizaciones alertan sobre la pesca destructiva e ilegal de la flota china en Latinoamérica

Un grupo de organizaciones de América Latina que, preocupadas por los impactos negativos de la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada (INDNR) de la flota china de pesca en aguas distantes en la región, emitieron una Declaración para alertar a las autoridades de los países afectados, y a las autoridades chinas, para que tomen medidas urgentes sobre esta actividad.

 A través de esta Declaración resaltaron los impactos negativos ambientales, sociales y económicos de la pesca INDNR de la flota china en aguas distantes y visibilizamos su repercusión en la vulnerabilidad de pescadores y pescadoras artesanales. De esta forma denunciaron la falta de control a esta flota y los subsidios a esta actividad.

La Declaración se sumó a la conmemoración del Día Mundial de los Océanos, el 8 de junio, para recordar que estos ecosistemas son vitales para la vida en el planeta, principalmente, por ser sumideros de carbono que absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos. Las organizaciones se sumaron, además, a la Iniciativa 30X30, promovida por las Naciones Unidas, que tiene como objetivo proteger el 30% de las aguas nacionales e internacionales del planeta para el año 2030. La Declaración completa se encuentra disponible aquí:

La trazabilidad contribuye al combate de la pesca ilegal

Mediante una carta enviada a los diputados de las comisiones de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, el Círculo de Políticas Ambientales solicitó el tratamiento y la sanción de una ley de trazabilidad de los productos de la pesca. Son dos los proyectos de ley que esperan ser tratados en la cámara baja y que representan un instrumento clave para combatir la pesca ilegal.

Desde la organización argumentaron que “los sistemas de trazabilidad están tomando cada vez más relevancia a nivel global en más industrias, impulsados por el compromiso de muchas empresas, pero también por la demanda de los consumidores y las regulaciones que algunas naciones ya están implementando para evitar que productos provenientes de prácticas ilegales y ambientalmente no sostenibles, que involucran trabajo esclavo y generan una competencia desigual, ingresen a sus mercados”.

Al mismo tiempo, sostuvieron que “los sistemas de trazabilidad son una herramienta clave para combatir las pesquerías no reguladas si consideramos que, en gran parte de altamar es casi imposible controlar que los buques pesquen respetando normas y estándares mínimos como así también rastrear los impactos de las flotas pesqueras en aguas distantes. Por ello, y al mismo tiempo, estos sistemas de trazabilidad permiten generar un valor agregado a la industria que brinda información desde la instancia de la captura hasta la mesa del consumidor, garantizando un mejor posicionamiento en los mercados”.