Buenos Aires, 18 de abril 2024– El Acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) denominado Paquete de Ginebra y el Acuerdo sobre seguridad de buques pesqueros conocido como Acuerdo de Ciudad del Cabo, obtuvieron median sanción del Senado de la Nación esta tarde, luego de esperar más de dos años por su tratamiento. Ahora resta la aprobación de la Cámara de Diputados para que finalmente puedan ser ratificados por el Poder Ejecutivo ante los respectivos organismos de Naciones Unidas.
El Paquete de Ginebra adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial en junio de 2022, luego de 20 años de negociaciones, representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos dado que prohíbe las subvenciones a la pesca perjudiciales, un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces en el mundo.
Hasta el momento ya lo han ratificado 70 Estados, entre ellos nuestros países vecinos Perú, Chile y Uruguay. Para que el Acuerdo entre en vigor es necesario que las dos terceras partes de los Miembros de la OMC depositen su “instrumento de aceptación”.
Anualmente, los gobiernos gastan aproximadamente $22 mil millones de dólares en subsidios a la pesca para compensar el costo en combustible, artes de pesca y construcción de nuevas flotas entre otras. Estos subsidios promueven el esfuerzo pesquero y la sobrepesca. Sin los grandes subsidios gubernamentales, el 54% de los caladeros de pesca de alta mar no serían rentables.
En el Atlántico Sudoccidental operan aproximadamente 550 embarcaciones pesqueras y de apoyo al borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina gracias a los subsidios a la pesca destructiva. Estas flotas de agua distante (DWF) no cumplen con ninguna regulación ni medida de sostenibilidad y amenazan los recursos marinos del país en la milla 201. Sin los aportes de sus gobiernos no podrían alcanzar regiones tan remotas.
Argentina, junto a los países de la región, son afectados directamente por los impactos negativos causados por las subvenciones a la pesca destructiva de estas flotas, por lo que debería ratificar de forma urgente el Acuerdo de la OMC.
Por su parte, el Acuerdo de Ciudad del Cabo fue celebrado en octubre de 2012 en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores comerciales y los observadores. En 2022 el Acuerdo fue relanzado en busca de las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.
En los últimos años, el foco puesto en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha revelado que las condiciones deficientes de trabajo son la regla en las flotas de aguas distantes, en las que se expone a las tripulaciones al trabajo forzoso, permaneciendo a bordo por períodos más largos, cada vez más lejos de casa y sin descanso, bajo condiciones meteorológicas peligrosas, sin equipos de seguridad, con alimento escaso y no adecuado y sin asistencia médica básica.
La entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012 lograría un control global más estricto de las condiciones de trabajo de las tripulaciones y que las operaciones de pesca se lleven a cabo de manera segura y legal. Se trata de herramienta que contribuye a combatir la explotación de las personas y de los recursos, desalentando, además, la pesca INDNR que azota a varias regiones del mundo, incluido el Atlántico Sudoccidental.
Para mayor información sobre el Acuerdo de OMC ver Prohibición de subvenciones a la pesca destructiva y sobre Acuerdo de Ciudad del Cabo hacer clic aquí