El pasado 2 de diciembre finalizó el primer período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación (CIN-1, o INC-1, por sus siglas en inglés) para elaborar un tratado global sobre la contaminación por plásticos, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), con el apoyo de más de 145 países. Las negociaciones iniciadas esta semana son parte de un proceso de cinco encuentros que se darán en los próximos dos años.
En esta instancia ya se han manifestado diferentes posiciones . Algunos países, como los Estados Unidos, Arabia Saudita y la mayor parte de Asia proponen un tratado al estilo del Acuerdo de París sobre el cambio climático, es decir, que cada una de las Partes haga sus propios planes y establezca sus propios objetivos. Por el otro lado, otro grupo formado por países africanos, pequeños estados insulares, Canadá, Australia y la Unión Europea, denominado “the high ambition coalition”, reclama por un acuerdo “de arriba hace abajo”, es decir, que obligue a todas las partes a adoptar ciertas medidas vinculantes. Las diferencias radican, además, en que el primer grupo busca que las negociaciones se centren en la gestión (final de tubería) y el primero en el ciclo de vida completo, incluyendo la prohibición de ciertos tipos de plásticos.
El grupo de América Latina y el Caribe (Grulac) del que Argentina es parte, impulsa la necesidad de que el acuerdo trascienda las acciones nacionales voluntarias y que incluya financiación y desarrollo de capacidades, para poder implementar, efectivamente, las acciones que requiera un nuevo tratado.
En adelante se deberán establecer las reglas específicas para la próxima reunión de negociación en París en mayo de 2023. De acuerdo con los lineamientos que guiarán el proceso de negociación por los próximos dos años, la gestión de los plásticos deberá ser abordada de manera integral, involucrando todo el ciclo de vida de los productos y los materiales, con el objetivo central de minimizar la generación de residuos plásticos y evitar su emisión al ambiente y los impactos a ello asociados.
Las negociaciones en particular, y el acuerdo en general, pueden representar una oportunidad para la Argentina, que se encuentra muy relegada en políticas para prevenir la contaminación plástica y promover la economía circular, exceptuando la ley de prohibición de microplásticos.
El país debe actualizar su normativa en materia de gestión de productos y sus residuos. Es necesario contar con normas de presupuestos mínimos (PPMM) que establezcan el principio de la responsabilidad extendida del productor (REP) para la gestión de diferentes corrientes: envases y embalajes, aparatos eléctricos y electrónicos y neumáticos.
A su vez, es necesario promover la industria del reciclado y el uso de materias primas secundarias. Para ello, se debería avanzar en un conjunto de regulaciones que incluya la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) en la compraventa de material reciclado; y el establecimiento de objetivos de incorporación gradual de material reciclado en los nuevos productos que se colocan en el mercado.
Este primer encuentro que tuvo lugar en Uruguay, en la ciudad Punta del Este, se realiza nueve meses de la resolución sobre la contaminación plástica en la UNEA, donde se estableció que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sería el responsable de convocar y gestionar el INC, con el fin de redactar y alcanzar el tratado para 2024.