Etiqueta: Legislación ambiental

Con la participación de la Plataforma H2 Argentina, se desarrolló la Segunda Mesa de Hidrógeno en Santa Cruz

Lunes 10 de marzo 2024.- El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante un nuevo encuentro de la Mesa de Hidrógeno Santa Cruz, que nuclea a diputados provinciales, intendentes, representantes de distintos organismos del Poder Ejecutivo, como así también universidades y del sector agropecuario.

Encabezada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, allí tuvo lugar una presentación del Proyecto a instalarse en Santa Cruz “Gaucho Wind to Hydrogen & Green Ammonia“, a cargo de Juan Pedro Agüero, country manager de la empresa austríaca RP Global; como así también una participación virtual de Amador Sánchez Rico, embajador en Argentina; Ilse Cougé, jefa de Cooperación; y Olga Baus Gibert, jefa de Unidad Adjunta de Programas Regionales para América Latina y el Caribe, todos de la Unión Europea.

En la oportunidad, el ministro Álvarez agradeció la participación de Juan Carlos Villalonga, representante de la Plataforma H2 Argentina, como así también de Juan Pedro Agüero, además de la presencia de los integrantes de la Mesa Provincial, para posteriormente transmitir los saludos del Gobernador Claudio Vidal.

Destacó que esta segunda reunión representa “la importancia que Santa Cruz le está dando al desarrollo de la industria del hidrógeno“, señalando que, en este marco de reuniones, sus integrantes podrán dejar planteados ejes de trabajo para desarrollar entre reuniones con el aporte de los municipios, de los legisladores, de los intendentes, además de las universidades y del campo.

Juan Carlos Villalonga, de la Plataforma de Hidrógeno Argentina, destacó la realización de esta Mesa, ya que consideró “tendrá una enorme importancia y demuestra la vocación de sus integrantes en dar continuidad al desarrollo del hidrógeno”, y augurar que este espacio sea “en el que Santa Cruz concerte su visión y desarrollo“; agregando luego que esta reunión tiene lugar en un escenario distinto al del año pasado, ya que “se están escuchando las primeras voces, desde el Gobierno Nacional, que indican que este 2025 tendremos una Ley Nacional de Hidrógeno“.

De manera virtual, Amador Sánchez Rico de la UE, expresó su agradecimiento por la invitación a participar de esta reunión, para luego brindar detalles del lanzamiento del equipo de trabajo de hidrógeno conformado por los países de la Unión Europea, y las cámaras de Comercio de Alemania y de Países Bajos, como plataforma para apalancar y financiar proyectos para el desarrollo de esta industria; destacando que en ese continente “la necesidad se ha convertido en urgencia de diversificar suministros energéticos y a nuestros socios”.

Luego de resaltar las condiciones de Santa Cruz para el desarrollo del hidrógeno verde, Sánchez Rico señaló la importancia de contar con un marco regulatorio que otorgue previsibilidad a operadores e inversores, al tiempo que comprometió su presencia en Santa Cruz, para para avanzar desde la Unión Europea junto a Santa Cruz para poner en marcha un trabajo conjunto para desarrollar proyectos.

De esta reunión, participaron por los diputados Sebastián Aberastain, de Puerto Deseado; Fabiola Loreiro, de Puerto Santa Cruz; Patricia Urrutia, de Caleta Olivia; y Pedro Muñoz, diputado por Distrito. También los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo; y Analía Farías de Cmte. Luis Piedra Buena; el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán.

También estuvieron presentes Sandra Ortíz, por el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (INSET); Marcelo de la Torre, presidente de DISTRIGAS; Pedro Tiberi, por el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Cruz; por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Valeria Serantes; y por la Universidad Tecnológica Nacional, Diego Navarro; como así también Enrique Jamieson, Alejandra Suárez del Solar y Connie Naves, por la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas.

Cabe destacar que el ministro Álvarez, estuvo acompañado por los secretarios de Estado de Energía Eléctrica, Nazareno Retortillo; y de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías; los subsecretarios de Energía Térmica y Líneas Eléctricas, Viviana Díaz; de Energías Renovables, Patricia Maya; y de Asesoría Legal y Normativa Eléctrica, Christian Huecke; de Fiscalización de Residuos y Efluentes Industriales, Lorenzo Gallardo; de Asesoría Legal, Andrea Godfrid; y de Infraestructura, Pablo Álvarez, todos del Ministerio de Energía y Minería.

Fuente: Portal Noticias Gobierno Santa Cruz

Transparencia en la pesca y acceso a la información: registro público de embarcaciones

Organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre inconsistencias en los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de Chaco y Salta  

Se renovó la asignación de cuotas de la merluza común para la explotación del recurso por 15 años en un proceso a puertas cerradas

La merluza hubbsi es la especie de mayor volumen de exportación del caladero argentino

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2024- El Consejo Federal Pesquero realizó la renovación de la asignación de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) de la merluza común (hubbsi), que regirá desde 2025 a 2039.

Las organizaciones ambientales Sin Azul No hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que procesos como la cuotificación, que asignan a privados la explotación de recursos comunes, deben ser más transparentes y que la sociedad debe contar con herramientas que permitan
evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.

A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación y acceso de documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisión de la medida.

Esta nueva cuotificación se suma al proceso realizado en septiembre pasado, cuando fueron otorgadas las cuotas de las especies merluza negra, merluza polaca y de cola, todas dentro del régimen de CITC y sometidas al mismo proceso. Por otra parte, se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2% ( antes era del 0,15 %). En ambos procesos no hubo información de forma previa a la toma de decisión, ni explicación de cómo fueron tomadas las medidas. Recién una vez ejecutada la distribución se informó el acto administrativo a través de las actas de la reunión y las resoluciones del Consejo Federal de Pesca.

El Régimen de CITC, establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.992) y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de cinco especies (merluza negra, merluza de cola, merluza polaca, merluza común o hubbsi y vieira). A través de este régimen un barco y/o empresa disponen de un porcentaje de captura de una especie del total de lo asignado a toda la flota para dicha especie (Captura Máxima Permisible). Las cuotas son transferibles, es decir, pueden ser vendidas o prestadas entre barcos y/o empresas y tienen un alto valor económico.

La Ley establece cinco ítems como parámetros para la distribución de la cuota: el historial de captura de un barco, la mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, los porcentajes de incidencia que tendrán dichos parámetros sobre la fórmula de asignaciones, son establecidos por el Consejo Federal Pesquero. En 2009, el porcentaje de ponderación que se aplicaba para la merluza hubbsi a cada empresa por su historial de sanciones era del 5%, pero en 2024 este ítem bajó a un 0,1 %.

En los cinco factores que se toman en cuenta para la asignación de cuotas no se contempla ningún aspecto relativo a la sustentabilidad de la operación de la empresa y/o barco. Todos son factores relacionados con la explotación y la productividad, el ambiente y los impactos sobre la especie y el ecosistema marino prácticamente no se toman en cuenta. Hasta ahora, al menos en lo relativo a sanciones, este 5% de factor de ponderación podría promover e incentivar prácticas más sostenibles. Con la reducción actual de este porcentaje que ya era bajo, en relación a los otros parámetros, prácticamente
se elimina cualquier posibilidad de que la distribución de cuotas se contemple algún aspecto relativo al comportamiento de la empresa en términos de sostenibilidad.

Hoy en día es muy difícil acceder al historial de sanciones de las empresas que operan en aguas jurisdiccionales. No existe un registro de información pública, y el acceso a estos datos por medio del proceso administrativo de acceso a la información pública pocas veces arroja resultados positivos. La transparencia es esencial para garantizar una gestión pesquera eficiente que garantice la sostenibilidad del recurso. Una mala gobernanza de la pesca puede generar sobreexplotación del recurso y una injusta distribución de sus beneficios.

Las organizaciones SANHV y CPA demandan por un registro público en línea que permita tener acceso a la información de la flota pesquera que opera en el territorio nacional, como existe en otros países de la región.

La Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura,
licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones.

Los recursos pesqueros son un bien común, por lo tanto la ciudadanía debe tener acceso a la información que permita velar por una distribución justa y un manejo sostenible.

Renovación de la asignación de cuotas de la merluza común para la explotación del recurso por 15 años en un proceso a puertas cerradas

Adhesión a la OCDE: Una oportunidad para mejorar la gobernanza ambiental de la Argentina-Primera parte

Seminario “Trazabilidad de la pesca: la demanda global y la situación argentina” en la Legislatura del Chubut

Rawson, 25 de noviembre de 2024. Se realizó el seminario: “Trazabilidad de la pesca: la demanda global y la situación argentina” en la Legislatura del Chubut, con la presencia del vicegobernador, Gustavo Menna, el secretario de Pesca, Andrés Pedro Arbeletche, la diputada Maria Andrea AGUILERA, el especialista en pesca y acuicultura Fabián Ballesteros Morales y la Directora Ejecutiva del CPA María Eugenia Testa.

En el evento, organizado por el Gobierno de la Provincia, la Legislatura y el Círculo de Políticas Ambientales, se abordó el estado de avance de una ley nacional; las nuevas regulaciones de los mercados de exportación y los elementos clave de un sistema de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

Se conversó sobre la situación actual del proyecto de ley nacional de trazabilidad de la pesca y cómo la ley podrá impactar en la provincia. El objetivo del proyecto es garantizar el cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, desde la captura hasta el consumidor final.


La trazabilidad permite diferenciar en los mercados internacionales la pesca local legal de aquella que se realiza de forma ilegal o no reglamentada a partir de la milla 200, además de evitar el fraude y la sustitución de especies tanto en los mercados internacionales como en el doméstico.


Cada vez son más los países que establecen normas de trazabilidad para importar productos de mar no solo para garantizar la inocuidad de estos sino, además, su legalidad.

Ley de Bosques: organizaciones civiles alertan sobre el desfinanciamiento estructural y el impacto de la eliminación del FOBOSQUE

A través de una carta , Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno Nacional y al Congreso de la Nación por la restitución del fondo fiduciario administrado por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN) y advirtieron que esta decisión atenta contra la protección de los bosques nativos, un patrimonio natural vital para el país y para las generaciones futuras.

El 8 de octubre, mediante el Decreto 888/24, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE),  alegando falta de capacidades institucionales de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, basados en un informe preparado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Este fondo había sido creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 -modificatoria de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques- con el fin de administrar de forma más eficiente y transparente el FNECBN. “El FOBOSQUE permitía realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando la transparencia del proceso, y fortalecer la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible”, expresaron las organizaciones. 

En la carta, las organizaciones advierten de un desfinanciamiento estructural que pone en riesgo la efectividad de la Ley de Bosques y remarcan que la eliminación del FOBOSQUE agrava aún más esta situación. 

“Durante el 2024, el Tesoro Nacional no ejecutó ni un sólo peso para este fondo, a pesar de tener presupuestados $10.000 millones”, señalaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Fundación Vida Silvestre Argentin; Círculo de Políticas Ambientales; WCS Argentina; Consciente Colectivo; REDAF; Habitar y Desarrollo; Eco House; Natura Argentina; Proyectar; Yuchan;  ACERCA; Fundación Patagonia Natural; Banco de Bosques; Jóvenes por el Clima; ACEN; AVINA; Fundación Somuncurá; FIBO Impacto y Fundación Por el Mar.

Además, explicaron que al analizar el proyecto de Ley de Presupuesto 2025, el FNECBN debería contar con $352.664 millones, correspondientes al 0,3% del Presupuesto Nacional que establece la Ley 26.331. Sin embargo, el FNECBN tiene asignado para el año próximo apenas $10.000 millones, un 2,84% de lo que efectivamente debería recibir.

Asimismo, señalaron que la eliminación del FOBOSQUE representa un  “grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 y colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que establece que no deben haber retrocesos en logros alcanzados en materia ambiental”.

“Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo”, enfatizaron en el comunicado. Además, subrayaron: “Solicitamos a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que durante el debate de la Ley de Presupuesto 2025 garanticen el cumplimiento de la Ley 26.331”.

Para leer carta completa a las autoridades hacer click acá

Disolución del fondo fiduciario de bosques: “el gobierno busca hacerse con el dinero destinado por ley a la protección de bosques nativos”

8 de octubre de 2024. A través del Decreto 888/2024, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), creado por el artículo 53 de la Ley N° 27.431 del año 2018. Esta herramienta permitía una administración más transparente y una ejecución más eficiente de las partidas presupuestarias que sustancian el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos creado por la Ley 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo Nacional estará habilitado para redireccionar esta partida presupuestaria para otros fines, como sucedió en el pasado, antes de la creación este instrumento.

A través del artículo 53, la Ley 27.431 que creó el FOBOSQUE establece como objeto del mismo “administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos creado por la ley 26.331, promover los objetivos de la ley e implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la contribución nacional presentada ante el Acuerdo de París aprobado por ley 27.270, y que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la ley 26.331 y su normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco de la ley 27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en cumplimiento del objeto de la ley 26.331. Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio siguiente”.

El FOBOSQUE permitía la adjudicación directa de los fondos compensatorios a los privados cuyos predios estuvieran categorizados como rojos o amarillos en los ordenamientos territoriales de bosques nativos provinciales, y hacer redituable las partidas asignadas al Fondo en contextos de alta inflación o devaluación de la moneda.

“Lo que busca el Poder Ejecutivo es hacerse con el dinero del Fondo de la Ley de Bosques para poder reasignarlo a otros ítems del presupuesto, desfinanciando así a la norma. El FOBOSQUE había venido no sólo a resolver una gestión más eficiente de la asignación a las provincias, sino también a evitar estos desvíos. Recordemos que, previo a la creación del fideicomiso, se habían usado montos destinados a los bosques a financiar el programa “Fútbol para Todos”, por ejemplo, señaló María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales.

De acuerdo con el Decreto 888/2024, el FOBOSQUE es disuelto por “un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones (provincias) para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”. “Este argumento no es válido para cuestionar esta herramienta”, señaló Testa. “En todo caso, lo que deberían es trabajar para que las jurisdicciones provinciales mejoren los mecanismos de rendición de cuentas. Eso no tiene que ver con la herramienta financiera en sí, sino con reforzar la capacidad estatal”, remarcó.

La Ley 26.331 de protección de bosques nativos fue sancionada en 2007 y logró reducir significativamente la deforestación en la Argentina. Entre los instrumentos de gestión que la Ley promueve se encuentra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.  La disolución del FOBOSQUE deja al Fondo sin la herramienta administrativa para asignar a las provincias de manera transparente y segura las partidas presupuestarias que le corresponden por Ley de acuerdo con sus ordenamientos territoriales.

La PlataformaH2 Argentina participó de la Mesa de Hidrógeno de Santa Cruz

7 de octubre de 2024. El pasado viernes 4 de octubre se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de la Mesa de Hidrógeno Provincial en Santa Cruz. Este espacio tiene entre sus objetivos la elaboración del “Plan Hidrógeno Santa Cruz 2030” para el aprovechamiento del recurso a nivel local.  El encuentro fue convocado por el ministro de Energía y Minería de la provincia, Jaime Álvarez, y contó con la presencia de representantes del sector privado, instituciones educativas, legisladores, autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Por la PlataformaH2 Argentina participaron Juan Carlos Villalonga (Globe y Círculo de Políticas Ambientales), Juan Pedro Agüero (RP Global) y Santiago Enríquez (Cámara de Industria y Comercio Alemana), quienes ahondaron sobre el trabajo realizado a través de la articulación multisectorial en la Argentina y expusieron los avances en el desarrollo del hidrógeno verde a nivel global.

La “Mesa Provincial del Hidrógeno” fue creada por la Ley 3873/24 como organismo especializado, plural e interdisciplinario, encargado de analizar las condiciones y oportunidades para el desarrollo de la Economía del Hidrógeno en la provincia de Santa Cruz, principalmente en materia científica y productiva, con el objetivo de diseñar y definir políticas públicas para su aprovechamiento integral en todo el territorio Provincial.