08 de junio de 2022– El Círculo de Políticas Ambientales se sumó hoy a la PlataformaH2 Argentina a través de un convenio de colaboración firmado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El objetivo de la plataforma, que agrupa a universidades, organizaciones locales e internacionales, empresas y cámaras, es promover la discusión sobre el marco regulatorio y las políticas vinculadas al hidrógeno. La reunión contó con la participación de representantes de la plataforma y los nuevos adherentes. Por los primeros, Mirta Gariglio, directora ejecutiva del CEARE; Natalia Catalano, representante de la UTN Buenos Aires; Juan Carlos Villalonga, presidente de GLOBE; Héctor Pagani, presidente de la AAEE; y por los segundos, Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales y Francisco Romano, co-director del Instituto de Energía de la Universidad Austral. La iniciativa busca generar y promover un marco regulatorio moderno que actualice la Ley Nacional N° 26.123 (promulgada en agosto del 2006) y aportar los elementos necesarios para que se pueda desarrollar la cadena de este vector energético como, por ejemplo, proyectos piloto o de escala reducida que permitan que la Argentina se posicione a nivel global. La PlataformaH2 Argentina queda integrada por The Global Legislators Organization (GLOBE); el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME); el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE – UBA); la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE); la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires (UTN.BA); la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER); la Cámara Eólica Argentina (CEA); Valle H2v del Hinterland de Puerto Quequén; el Instituto de Energía de la Universidad Austral y el Círculo de Políticas Ambientales.
17 de mayo de 2022. Con un breve video documental publicado hoy, el Círculo de Políticas Ambientales, con el apoyo de Patagonia Foundation, busca mostrar cuáles son los impactos que la contaminación plástica de los cursos de agua genera en nuestro país; al mismo tiempo que señalar cuál es la contribución de la Argentina en la emisión de plásticos y microplásticos a los océanos y qué medidas son urgentes para revertirlo. En la pieza documental pueden verse los impactos que los plásticos ya están generando en la fauna marina, en la salud humana, los cursos de agua y las costas del país. Si bien en la Argentina no se han realizado estudios sistemáticos sobre el tipo y volumen de basura marina que permitan tener un diagnóstico confiable de la situación y sus impactos, sí están disponibles algunos datos de modelizaciones internacionales que incluyen a la Argentina y otros relevamientos con mayores o menores frecuencias y distintas extensiones territoriales contempladas, que sólo pueden dar cuenta parcialmente de estos impactos. Sin embargo, todos son coincidentes sobre la creciente cantidad de plásticos que aporta el país y los graves impactos de los plásticos y microplásticos ocasionan en la biodiversidad (1).En ese sentido, el estudio “Plastic waste inputs from land into the ocean” del 2015 (2) indica que la Argentina ocupa el puesto N°28 del ranking de las mayores emisiones de residuos plásticos a los océanos, ubicándose como cuarto país latinoamericano en el listado. Por otro lado, y de acuerdo con el mismo estudio, el país ranquea en el puesto N°12 en el porcentaje de residuos plásticos en la composición de sus residuos, siendo el quinto en la región. Se ubica en el puesto N°25 a nivel global y N° 5 de América en generación de residuos plásticos. Por otro lado, el país se encuentra en el puesto N°28 en la clasificación de residuos plásticos mal-gestionados y es el cuarto de América Latina. En el país, se han realizado algunos informes en zonas o ciudades específicas, que sólo dan cuenta de una fracción del problema, pero permiten tener una evaluación sobre la evolución en las últimas décadas. La Fundación Patagonia Natural, en 2008, realizó dos censos en las costas de la Argentina en 1995 y 2007. Constataron que, con doce años de diferencia, había un crecimiento de la presencia de basura, especialmente porque la mayoría de las ciudades costeras siguen teniendo sus basurales a cielo abierto en inmediaciones del litoral marino. Acceder al documental “La contaminación plástica de los océanos: La situación en Argentina” (1) Círculo de Políticas Ambientales: “Basura marina y plásticos en Argentina” (2) Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T., Perryman, M., Andrady, A., & Law, K. L. (2015) “Plastic waste inputs from land into the ocean,” Science, 347(6223), 768-771. Para más información sobre contaminación plástica de los océanos se recomienda: Círculo de Políticas Ambientales: “Un acuerdo global contra la contaminación plástica de los océanos”
28 de marzo de 2022. Se publicó hoy la cuarta edición de la Agenda Ambiental Legislativa (2022) del Círculo de Políticas Ambientales, que compila una serie de proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, analizados por especialistas de diversas áreas. Este año, la agenda seleccionada incluye aquellos proyectos que buscan avanzar en una normativa de presupuestos mínimos referente a la evaluación ambiental; alcanzar una protección efectiva del Mar Argentino mediante la creación de áreas protegidas, la trazabilidad de la pesca y la acuicultura; regular la sobrepesca en la Cuenca del Plata; lograr la protección de los humedales; implementar sistemas de gestión de los envases posconsumo y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; garantizar la remediación de pasivos ambientales y sitios contaminados; establecer una agenda clara para el desarrollo del hidrógeno verde y la electromovilidad; contribuir a mejorar la actual ley de cambio climático y garantizar el acceso al agua en lugares públicos. La Agenda Ambiental Legislativa intenta aportar al debate parlamentario e impulsar normas que contribuyan a una política pública ambiental. La versión 2022 cuenta con un apartado dedicado al seguimiento parlamentario de los proyectos analizados en la versión de la Agenda Ambiental Legislativa 2021. En el año 2020, la Agenda Ambiental Legislativa del Círculo de Políticas Ambientales fue declarada de interés de la Cámara de Diputados de la Nación. Descargar la agenda
Cada vez son más los países que están estableciendo sistemas de trazabilidad para los productos del mar, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tres mercados importantes para las exportaciones argentinas. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el trabajo esclavo asociado a ella, son hoy los principales impulsores de estas políticas. Así lo demuestra un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicado hoy, en el que se analiza la situación global y local en materia de trazabilidad de los productos del mar. De acuerdo con el reporte, la trazabilidad de la pesca se ha vuelto hoy una de las herramientas clave para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Estos esquemas buscan dejar fuera de juego aquellos productos de la pesca que no puedan certificar su origen y trayectoria, así como las condiciones de trabajo de los tripulantes a bordo. La Argentina aún no cuenta con una norma de estas características, y aunque se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, aún no se ha avanzado en su tratamiento. La industria y organizaciones ambientales impulsan su sanción. “Contar con un sistema nacional de trazabilidad establecido por ley ayudaría a la Argentina a diferenciar sus productos del mar, capturados y comercializados en cumplimiento de la normativa, de aquellos obtenidos a través de la pesca ilegal por las flotas extranjeras que ingresan a nuestra zona económica exclusiva (ZEE) y de aquellos que son producto de la pesca no declarada y no reglamentada, realizada por los mismos barcos al límite de la milla 200. Para la economía argentina es de vital importancia, ya que el 90% de la pesca local tiene como destino la exportación”, señaló Milko Schvarztman, especialista en conservación marina y pesca INDNR del Círculo de Políticas Ambientales. En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más visible, debido a la preocupación de la sociedad y las denuncias realizadas principalmente por organizaciones no gubernamentales. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la ZEE argentina suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal. Las pérdidas ocasionadas por esta práctica no solo se miden en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicos, por las divisas que dejan de ingresar al país, por la pérdida de empleo y por el impacto sobre los recursos de los que depende la industria nacional. Debido a que gran parte de estas flotas operan en aguas internacionales, especialmente al borde de las aguas territoriales, las medidas de patrullaje y control de los países no es suficiente, ya igualmente son afectados. Es por ello que, muchos países están estableciendo o ajustando sus políticas de trazabilidad de la pesca. Mientras Japón sancionó a fines de 2020 una ley contra la pesca ilegal y el trabajo esclavo basada en la trazabilidad que está en proceso de reglamentación, los Estados Unidos y la Unión Europea, que ya cuentan con regulaciones de este tipo, están avanzando en el establecimiento de criterios más estrictos. Rusia también ha implementado en 2021 una normativa que va en esta línea. “Que la pesca cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales. Avanzar en una regulación en esa línea es clave para la industria local, más allá de los beneficios ambientales que representa. Debido a ello, desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos promoviendo el tratamiento de una regulación que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca en el Congreso de la Nación”, remarcó María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales. El informe publicado hoy por la organización se basa en un relevamiento de la normativa global en materia de trazabilidad de la pesca y de los procesos de debate en torno a ellas que están sucediendo en los principales mercados de exportación de la Argentina. Además, rescata las iniciativas locales que buscan hacer experiencia en este tema clave para el futuro de la industria. Informe disponible en aquí
Desde el Círculo de Políticas Ambientales señalaron que el proyecto de ley de gestión de envases posconsumo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación desconoce la experiencia de 40 años a nivel mundial que demuestra que los sistemas de tasas o impuestos establecidos y administrados por el Estado han resultado ineficientes y no han contribuido a reducir la generación de residuos En el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases y embalajes y sus residuos en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, la directora política del Círculo de Políticas Ambientales, Consuelo Bilbao, señaló que el principal objetivo de la responsabilidad extendida del productor (REP) debe ser la prevención, y que existen numerosos estudios que demuestran que los sistemas de tasas recaudados y administrados por el Estado no han producido una reducción en la generación de residuos, por lo que se han ido cambiando hacia aquellos gestionados por los propios productores bajo control estatal. “De lo que estamos hablando es de una ley de presupuestos mínimos ambientales que lo que busca es prevenir la generación de residuos, en este caso de envases, para ello tenemos que trabajar en una norma que tenga calidad técnica y se debe hacer foco en cómo está establecida la REP”, señaló Bilbao. Además del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en octubre de este año, desde 2020 se encuentra a la espera del debate uno presentado de forma previa, que propone un sistema diferente para implementar la REP. Este proyecto obtuvo dictamen de minoría de la Comisión con 13 firmas. En relación con ello Bilbao señaló “el proyecto presentado esta vez por el diputado (Gustavo) Menna se empezó a trabajar en el año 2014 en el marco de la Secretaría de Ambiente de Nación…, y siguió su tratamiento legislativo en 2016 y 2017, incluso se logró un dictamen de comisión con la firma de todos los bloques…Digo esto para que hagamos un recorrido y tengamos en cuenta lo que se ha discutido sobre este tema. Este proyecto (que antecede al del Ejecutivo) es un buen texto por como establece la REP, ya que promueve que la misma industria sea la que deba hacerse cargo de los residuos de los envases que produce. Existen numerosos estudios (…) que muestran que cuando las tasas y/o impuestos son administrados por el estado terminan financiando otras cosas”. La REP comenzó aplicándose en los países miembros de la OCDE en la década de los años 90 y luego se extendió a otros países no miembro. En los últimos años se han identificado 395 sistemas REP en funcionamiento en todo el mundo. No obstante, se debe resaltar que el principio, aunque plantea la responsabilidad económica de los productores, no se traduce en un impuesto o tasa. Es más, debido a las falencias en materia de gestión y minimización de los residuos en origen, la mayoría de los esquemas en los países que habían adoptado inicialmente una tasa o impuesto verde recaudado y administrado por el Estado han cambiado a sistemas de REP puros o mixtos, gestionados por los propios productores y fiscalizados por el Estado. Los envases representan aproximadamente un 30% de los residuos sólidos urbanos (RSU) y son la causa principal del crecimiento de la basura domiciliaria en las últimas décadas. Se estima que representan el 60% del volumen de una bolsa de residuos domiciliarios. A nivel nacional solo entre el 3% a 6% de los RSU generados son reciclados para reinsertarlos nuevamente en el circuito productivo. La ausencia de una gestión de envases se traduce en la obstrucción de los desagües pluviales, mayores volúmenes de residuos para transportar, mayores costos para su disposición final y a su vez, graves impactos sobre los ecosistemas, incluyendo el marino. Según un estudio publicado en la revista Science en 2018, el país se ubica en el puesto N°28 por generación de basura marina a nivel internacional. Documento de posición del Círculo de Políticas Ambientales aquí Video de participación en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados aquí