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Transparencia en la pesca y acceso a la información: registro público de embarcaciones
Nueva maniobra de la flota de pesca china para encubrir la pesca ilegal en el Atlántico Sur
Se renovó la asignación de cuotas de la merluza común para la explotación del recurso por 15 años en un proceso a puertas cerradas
La merluza hubbsi es la especie de mayor volumen de exportación del caladero argentino
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2024- El Consejo Federal Pesquero realizó la renovación de la asignación de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) de la merluza común (hubbsi), que regirá desde 2025 a 2039.
Las organizaciones ambientales Sin Azul No hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que procesos como la cuotificación, que asignan a privados la explotación de recursos comunes, deben ser más transparentes y que la sociedad debe contar con herramientas que permitan
evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.
A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación y acceso de documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisión de la medida.
Esta nueva cuotificación se suma al proceso realizado en septiembre pasado, cuando fueron otorgadas las cuotas de las especies merluza negra, merluza polaca y de cola, todas dentro del régimen de CITC y sometidas al mismo proceso. Por otra parte, se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2% ( antes era del 0,15 %). En ambos procesos no hubo información de forma previa a la toma de decisión, ni explicación de cómo fueron tomadas las medidas. Recién una vez ejecutada la distribución se informó el acto administrativo a través de las actas de la reunión y las resoluciones del Consejo Federal de Pesca.
El Régimen de CITC, establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.992) y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de cinco especies (merluza negra, merluza de cola, merluza polaca, merluza común o hubbsi y vieira). A través de este régimen un barco y/o empresa disponen de un porcentaje de captura de una especie del total de lo asignado a toda la flota para dicha especie (Captura Máxima Permisible). Las cuotas son transferibles, es decir, pueden ser vendidas o prestadas entre barcos y/o empresas y tienen un alto valor económico.
La Ley establece cinco ítems como parámetros para la distribución de la cuota: el historial de captura de un barco, la mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, los porcentajes de incidencia que tendrán dichos parámetros sobre la fórmula de asignaciones, son establecidos por el Consejo Federal Pesquero. En 2009, el porcentaje de ponderación que se aplicaba para la merluza hubbsi a cada empresa por su historial de sanciones era del 5%, pero en 2024 este ítem bajó a un 0,1 %.
En los cinco factores que se toman en cuenta para la asignación de cuotas no se contempla ningún aspecto relativo a la sustentabilidad de la operación de la empresa y/o barco. Todos son factores relacionados con la explotación y la productividad, el ambiente y los impactos sobre la especie y el ecosistema marino prácticamente no se toman en cuenta. Hasta ahora, al menos en lo relativo a sanciones, este 5% de factor de ponderación podría promover e incentivar prácticas más sostenibles. Con la reducción actual de este porcentaje que ya era bajo, en relación a los otros parámetros, prácticamente
se elimina cualquier posibilidad de que la distribución de cuotas se contemple algún aspecto relativo al comportamiento de la empresa en términos de sostenibilidad.
Hoy en día es muy difícil acceder al historial de sanciones de las empresas que operan en aguas jurisdiccionales. No existe un registro de información pública, y el acceso a estos datos por medio del proceso administrativo de acceso a la información pública pocas veces arroja resultados positivos. La transparencia es esencial para garantizar una gestión pesquera eficiente que garantice la sostenibilidad del recurso. Una mala gobernanza de la pesca puede generar sobreexplotación del recurso y una injusta distribución de sus beneficios.
Las organizaciones SANHV y CPA demandan por un registro público en línea que permita tener acceso a la información de la flota pesquera que opera en el territorio nacional, como existe en otros países de la región.
La Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura,
licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones.
Los recursos pesqueros son un bien común, por lo tanto la ciudadanía debe tener acceso a la información que permita velar por una distribución justa y un manejo sostenible.
Renovación de la asignación de cuotas de la merluza común para la explotación del recurso por 15 años en un proceso a puertas cerradas
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Nuevo video: “Las experiencias de la trazabilidad de los productos del mar en el mundo”
Buenos Aires, 14 de octubre 2024- El Círculo de Políticas Ambientales lanzó un documento audiovisual en el cual se muestra cómo diferentes países y regiones están aplicando sistemas de trazabilidad de la pesca para garantizar la legalidad e inocuidad de los alimentos provenientes del mar. Se exhiben los casos de Filipinas, España y Ecuador que agregan valor a sus productos pesqueros aplicando sistemas de trazabilidad electrónica.
El video documenta como Filipinas, el segundo productor de atún enlatado de Asia, desarrolló su sistema de trazabilidad electrónica para poder distinguir su producto legal de aquellos provenientes de la pesca ilegal y no regulada, y de esta forma poder seguir exportando a mercado cada vez más exigentes como Europa o Japón.
La pesca artesanal también aplica la trazabilidad para distinguir sus productos de forma legal. El video recorre los casos de las comunidades de pescadores artesanales de Galicia que utilizan sistemas de valorización y etiquetado que permiten rastrear desde un dispositivo móvil el producto desde su captura hasta que son consumidos.
La acuicultura ecuatoriana es otro caso que se observa en el documental. Mediante la tecnología blockchain se obtiene un registro en tiempo real de toda la cadena de suministro del camarón, compartiendo información de forma segura y transparente, garantizando que el camarón cumpla con todas las regulaciones en términos de inocuidad, estándares ambientales, sociales, de ética empresarial y de comercio justo, entre otros.
Las buenas experiencias en otros países son un ejemplo a tener en cuenta en la Argentina, donde necesitamos un sistema nacional de trazabilidad de la pesca que nos asegure una alimentación segura, proteja la biodiversidad marina, diferencie los productos legales de los ilegales y combata la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Para acceder al video hacer click acá
El Congreso de la Nación aprobó dos acuerdos internacionales claves para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Buenos Aires, 1 de octubre 2024. El Congreso de la Nación acaba de aprobar los acuerdos de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca Destructiva y de la OMI (Ciudad del Cabo) sobre Seguridad de los Buques Pesqueros, dos instrumentos internacionales importantes para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada(INDNR).
La pesca como la que realizan las grandes flotas que operan al borde exterior de la ZEE argentina es posible por los subsidios de sus estados y el trabajo forzoso. Estos dos acuerdos internacionales buscan poner límite a estas prácticas.Ahora es el turno de Cancillería, que deberá depositar los instrumentos de ratificación en ambos organismos.
Desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos trabajando desde hace tiempo en lograr soluciones para las amenazas al océano, en especial para la protección y conservación del Mar Argentino.
El Paquete de Ginebra adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial en junio de 2022, luego de 20 años de negociaciones, representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos dado que prohíbe las subvenciones a la pesca perjudiciales, un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces en el mundo.
Hasta el momento ya lo han ratificado 60 Estados, entre ellos nuestros países vecinos Perú, Chile y Uruguay. Para que el Acuerdo entre en vigor es necesario que las dos terceras partes de los Miembros de la OMC depositen su “instrumento de aceptación”.
Anualmente, los gobiernos gastan aproximadamente $22 mil millones de dólares en subsidios a la pesca para compensar el costo en combustible, artes de pesca y construcción de nuevas flotas entre otras. Estos subsidios promueven el esfuerzo pesquero y la sobrepesca. Sin los grandes subsidios gubernamentales, el 54% de los caladeros de pesca de alta mar no serían rentables.
En el Atlántico Sudoccidental operan aproximadamente 550 embarcaciones pesqueras y de apoyo al borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina gracias a los subsidios a la pesca destructiva. Estas flotas de agua distante (DWF) no cumplen con ninguna regulación ni medida de sostenibilidad y amenazan los recursos marinos del país en la milla 201. Sin los aportes de sus gobiernos no podrían alcanzar regiones tan remotas.
Argentina, junto a los países de la región, son afectados directamente por los impactos negativos causados por las subvenciones a la pesca destructiva de estas flotas, por lo que debería ratificar de forma urgente el Acuerdo de la OMC.
Por su parte, el Acuerdo de Ciudad del Cabo fue celebrado en octubre de 2012 en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores comerciales y los observadores. En 2022 el Acuerdo fue relanzado en busca de las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.
En los últimos años, el foco puesto en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha revelado que las condiciones deficientes de trabajo son la regla en las flotas de aguas distantes, en las que se expone a las tripulaciones al trabajo forzoso, permaneciendo a bordo por períodos más largos, cada vez más lejos de casa y sin descanso, bajo condiciones meteorológicas peligrosas, sin equipos de seguridad, con alimento escaso y no adecuado y sin asistencia médica básica.
La entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012 lograría un control global más estricto de las condiciones de trabajo de las tripulaciones y que las operaciones de pesca se lleven a cabo de manera segura y legal. Se trata de herramienta que contribuye a combatir la explotación de las personas y de los recursos, desalentando, además, la pesca INDNR que azota a varias regiones del mundo, incluido el Atlántico Sudoccidental.
Para mayor información sobre el Acuerdo de OMC ver Prohibición de subvenciones a la pesca destructiva y sobre Acuerdo de Ciudad del Cabo hacer clic aquí
Trazabilidad de la Pesca: Avances en el rastreo de los productos de la pesca y la acuicultura en la Argentina y aportes de una ley nacional
Presentación de “La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca” de la Coalition for Fisheries Transparency
26 de septiembre de 2024. La Coalición para la Transparencia de la Pesca (Coalition for Fisheries Transparency) presentó la versión en español de su informe “La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca. Un marco para la colaboración, la justicia y la sostenibilidad” en un evento virtual organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y Sin Azul No Hay Verde, destinado a gobiernos, organismos nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales y empresas, entre otros, de América Latina y el Caribe. El informe detalla los diez principios adoptados por la Coalición, describiendo el contexto de cada uno, proporcionando recomendaciones prácticas para la acción por parte de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, así como mostrando ejemplos del mundo real y sus aplicaciones.
“En el informe la transparencia de la pesca no solo abarca la publicación de información y datos completos sobre pesquerías por parte de los gobiernos sino también la accesibilidad y usabilidad de estos datos por parte de las partes interesadas. Lo ideal sería que la información y los datos estuvieran disponibles en bases de datos electrónicas fáciles de usar y con adaptaciones para quienes no tengan acceso a internet y (…) que faciliten la participación de todos los interesados” señaló Agata Mrowiec, responsable de comunicación de Coalition for Fisheries Transparency.
Por su parte, Milko Schvartzman del Círculo de Políticas Ambientales señaló que “lo que se pesca no debería ser un secreto” y Lucía Castro, de Sin Azul No Hay Verde, adelantó que ambas organizaciones estarán trabajando por la implementación de un registro público de embarcaciones pesqueras en la Argentina.
La Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca es marco de referencia para que los gobiernos lleven a la legislación y la práctica reformas en las políticas de transparencia. Además, adopta una comprensión completa de la transparencia, que va más allá de la mera recopilación y suministro de datos, y hace hincapié en el uso de datos para permitir una participación más informada por parte de la sociedad civil y otros interesados. Este enfoque permite actuar en todo el sector pesquero e influir en los procesos de toma de decisiones a escala mundial.
La Coalition for Fisheries Transparency fue creada en 2022 y es una voz de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que buscan avanzar en la transparencia y la responsabilidad en la gobernanza y gestión pesqueras.
Acceder a la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca aquí.