17 de junio 2022- Tras más de 20 años de negociaciones, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han logrado un acuerdo sin precedente para eliminar las subvenciones a la sobre pesca, dando cumplimiento a una de las metas del Objetivo del Desarrollo Sostenible 14 que promueve la conservación y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. El acuerdo, denominado el “Paquete de Ginebra”, incluye también decisiones claves como la exención de patente para las vacunas contra el Covid-19 y la seguridad alimentaria. Tras la prolongación por un día y medio de la XII Conferencia Ministerial de la OMC, esta madrugada se aprobó un acuerdo que prohíbe los subsidios a embarcaciones dedicados a la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR) y establece nuevas reglas para los subsidios a la pesca donde existe sobreexplotación del recurso y sobrecapacidad. Además, prohíbe las subvenciones a la pesca en alta mar que no estén gestionadas por organismos regionales pesqueros ni estados costeros. A su vez, contiene una serie de flexibilidades para los países en desarrollo, definidas como trato especial y diferenciado. “Este acuerdo es un hito histórico para la conservación marina en los mares de todo el mundo y debe significar un impacto sensible sobre la operación de las flotas de aguas distantes que operan en el Atlántico Sudoccidental, al borde de la milla 200 de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina, especialmente para las flotas de China, Corea del Sur, Taiwán y España que están subsidiadas por sus estados de bandera”, sostuvo Milko Schvartzman, Coordinador del Programa de Océanos del Círculo de Políticas Ambientales. Anualmente los gobiernos gastan aproximadamente $22 mil millones de dólares en subsidios a la pesca para compensar el costo en combustible, artes de pesca y construcción de nuevas flotas entre otras. Estos subsidios promueven el esfuerzo pesquero y la sobrepesca. En general, la pesca a la escala actual está habilitada por grandes subsidios gubernamentales, sin los cuales hasta el 54% de los caladeros de pesca de Alta Mar no serían rentables con estas tasas de pesca. Los patrones de rentabilidad de la pesca varían ampliamente entre países, tipos de pesca y distancia al puerto. La pesca de arrastre de fondo en aguas profundas a menudo produce beneficios económicos netos solo gracias a los subsidios, y gran parte de la pesca de las flotas pesqueras más grandes del mundo no sería rentable sin los subsidios y los bajos costos laborales “Si nos guiamos por el texto del acuerdo, estas flotas deberían dejar de ser subsidiadas, ya que están operando sobre stocks no regulados y fuera de la jurisdicción de un estado costero. Hay que exigir que el acuerdo sea cumplido por todas las Partes”, agregó Schvartzman. En el Atlántico Sur operan aproximadamente 550 embarcaciones pesqueras y de apoyo al borde exterior de la ZEE argentina gracias a los subsidios a la pesca destructiva, y que no cumplen con ninguna regulación ni medida de sostenibilidad. Estas flotas de agua distantes que amenazan los recursos marinos del país en la milla 201 del Atlántico Sudoccidental no podrían alcanzar regiones tan remotas sin estos aportes financieros de sus gobiernos La Alianza Stop Funding Overfishing integrada por más de 182 organizaciones en todo el mundo, de la cual el Círculo de Políticas Ambientales forma parte, viene instando a los líderes mundiales a cumplir con su mandato para detener estos subsidios dañinos de manera urgente. Acceder al acuerdo en inglés
26 de marzo de 2022– El próximo martes 5 de abril se desarrollará el seminario “Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: desafíos para la región y herramientas para combatirla”, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el encuentro disertarán Michael Brakke, subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos; Pilar Proaño, ex viceministra de Pesca y Acuacultura de Ecuador y consultora internacional en Derecho del Mar; Graciela Camaño, Diputada Nacional argentina y vicepresidente del capítulo local de la Red de Parlamentarios para la Acción Global; Juan Carlos Sueiro Cabredo, director de Pesquerías de Oceana Perú y consultor de organismos internacionales; Milko Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales; y Fernando Arce Alvarado, vicepresidente del Parlamento Andino por Perú. El evento virtual tendrá lugar el próximo martes 5 de abril a las 5 p.m. hora Buenos Aires y requiere inscripción previa. AQUÍ
Cada vez son más los países que están estableciendo sistemas de trazabilidad para los productos del mar, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tres mercados importantes para las exportaciones argentinas. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el trabajo esclavo asociado a ella, son hoy los principales impulsores de estas políticas. Así lo demuestra un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicado hoy, en el que se analiza la situación global y local en materia de trazabilidad de los productos del mar. De acuerdo con el reporte, la trazabilidad de la pesca se ha vuelto hoy una de las herramientas clave para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Estos esquemas buscan dejar fuera de juego aquellos productos de la pesca que no puedan certificar su origen y trayectoria, así como las condiciones de trabajo de los tripulantes a bordo. La Argentina aún no cuenta con una norma de estas características, y aunque se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, aún no se ha avanzado en su tratamiento. La industria y organizaciones ambientales impulsan su sanción. “Contar con un sistema nacional de trazabilidad establecido por ley ayudaría a la Argentina a diferenciar sus productos del mar, capturados y comercializados en cumplimiento de la normativa, de aquellos obtenidos a través de la pesca ilegal por las flotas extranjeras que ingresan a nuestra zona económica exclusiva (ZEE) y de aquellos que son producto de la pesca no declarada y no reglamentada, realizada por los mismos barcos al límite de la milla 200. Para la economía argentina es de vital importancia, ya que el 90% de la pesca local tiene como destino la exportación”, señaló Milko Schvarztman, especialista en conservación marina y pesca INDNR del Círculo de Políticas Ambientales. En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más visible, debido a la preocupación de la sociedad y las denuncias realizadas principalmente por organizaciones no gubernamentales. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la ZEE argentina suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal. Las pérdidas ocasionadas por esta práctica no solo se miden en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicos, por las divisas que dejan de ingresar al país, por la pérdida de empleo y por el impacto sobre los recursos de los que depende la industria nacional. Debido a que gran parte de estas flotas operan en aguas internacionales, especialmente al borde de las aguas territoriales, las medidas de patrullaje y control de los países no es suficiente, ya igualmente son afectados. Es por ello que, muchos países están estableciendo o ajustando sus políticas de trazabilidad de la pesca. Mientras Japón sancionó a fines de 2020 una ley contra la pesca ilegal y el trabajo esclavo basada en la trazabilidad que está en proceso de reglamentación, los Estados Unidos y la Unión Europea, que ya cuentan con regulaciones de este tipo, están avanzando en el establecimiento de criterios más estrictos. Rusia también ha implementado en 2021 una normativa que va en esta línea. “Que la pesca cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales. Avanzar en una regulación en esa línea es clave para la industria local, más allá de los beneficios ambientales que representa. Debido a ello, desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos promoviendo el tratamiento de una regulación que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca en el Congreso de la Nación”, remarcó María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales. El informe publicado hoy por la organización se basa en un relevamiento de la normativa global en materia de trazabilidad de la pesca y de los procesos de debate en torno a ellas que están sucediendo en los principales mercados de exportación de la Argentina. Además, rescata las iniciativas locales que buscan hacer experiencia en este tema clave para el futuro de la industria. Informe disponible en aquí
Viernes 3 de diciembre de 2021- El pasado jueves 2 de diciembre el Círculo de Políticas Ambientales llevó adelante el workshop regional “Pesca ilegal y flotas de aguas distantes” que contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina. El encuentro se disertó sobre los subsidios a la sobrepesca y pesca ilegal no declarada y no regulada (INDNR); los impactos ambientales, sociales y económicos, y la violación de los derechos humanos de las tripulaciones, considerando la situación global y de América Latina. Las presentaciones contaron con expositores experimentados en la materia: Michelle Carrere, editora para temas de océanos en Mongabay Latam; Austin Brush y Henry Peyronnin, especialistas en estudios ambientales y relaciones internacionales y en pesca INDNR en C4ADS*; y Milko Schvartzman, especialista en conservación marina y pesca INDNR en Círculo de Políticas Ambientales. El evento fue abierto por James-Michael Saxton-Ruiz, responsable del área de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina, y por María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales. Acceder al video completo del evento aquí * C4ADS es una organización sin fines de lucro dedicada a realizar y publicar análisis basados en datos e informes fundados en evidencia sobre conflictos globales y problemas de seguridad transnacional.