La merluza hubbsi es la especie de mayor volumen de exportación del caladero argentino
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2024- El Consejo Federal Pesquero realizó la renovación de la asignación de las Cuotas Transferibles Individuales de Captura (CITC) de la merluza común (hubbsi), que regirá desde 2025 a 2039.
Las organizaciones ambientales Sin Azul No hay Verde (SANV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) señalaron que procesos como la cuotificación, que asignan a privados la explotación de recursos comunes, deben ser más transparentes y que la sociedad debe contar con herramientas que permitan
evaluar el desempeño de los operadores, la sostenibilidad del recurso y la distribución justa, equitativa y transparente de las cuotas.
A pesar de la importancia ambiental, social y económica de la merluza para el desarrollo argentino, el reparto de sus cuotas se da a puertas cerradas entre un grupo de empresas y las autoridades pesqueras, sin divulgación y acceso de documentación respaldatoria destinada a la sociedad, lo que permitiría evaluar o revisar el proceso de toma de decisión de la medida.
Esta nueva cuotificación se suma al proceso realizado en septiembre pasado, cuando fueron otorgadas las cuotas de las especies merluza negra, merluza polaca y de cola, todas dentro del régimen de CITC y sometidas al mismo proceso. Por otra parte, se actualizó el Derecho Único de Extracción (DUE) alcanzando más del 2% ( antes era del 0,15 %). En ambos procesos no hubo información de forma previa a la toma de decisión, ni explicación de cómo fueron tomadas las medidas. Recién una vez ejecutada la distribución se informó el acto administrativo a través de las actas de la reunión y las resoluciones del Consejo Federal de Pesca.
El Régimen de CITC, establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.992) y regulado por el Consejo Federal Pesquero, es central para asegurar el manejo de los recursos pesqueros de cinco especies (merluza negra, merluza de cola, merluza polaca, merluza común o hubbsi y vieira). A través de este régimen un barco y/o empresa disponen de un porcentaje de captura de una especie del total de lo asignado a toda la flota para dicha especie (Captura Máxima Permisible). Las cuotas son transferibles, es decir, pueden ser vendidas o prestadas entre barcos y/o empresas y tienen un alto valor económico.
La Ley establece cinco ítems como parámetros para la distribución de la cuota: el historial de captura de un barco, la mano de obra, producción, inversiones y sanciones. Sin embargo, los porcentajes de incidencia que tendrán dichos parámetros sobre la fórmula de asignaciones, son establecidos por el Consejo Federal Pesquero. En 2009, el porcentaje de ponderación que se aplicaba para la merluza hubbsi a cada empresa por su historial de sanciones era del 5%, pero en 2024 este ítem bajó a un 0,1 %.
En los cinco factores que se toman en cuenta para la asignación de cuotas no se contempla ningún aspecto relativo a la sustentabilidad de la operación de la empresa y/o barco. Todos son factores relacionados con la explotación y la productividad, el ambiente y los impactos sobre la especie y el ecosistema marino prácticamente no se toman en cuenta. Hasta ahora, al menos en lo relativo a sanciones, este 5% de factor de ponderación podría promover e incentivar prácticas más sostenibles. Con la reducción actual de este porcentaje que ya era bajo, en relación a los otros parámetros, prácticamente
se elimina cualquier posibilidad de que la distribución de cuotas se contemple algún aspecto relativo al comportamiento de la empresa en términos de sostenibilidad.
Hoy en día es muy difícil acceder al historial de sanciones de las empresas que operan en aguas jurisdiccionales. No existe un registro de información pública, y el acceso a estos datos por medio del proceso administrativo de acceso a la información pública pocas veces arroja resultados positivos. La transparencia es esencial para garantizar una gestión pesquera eficiente que garantice la sostenibilidad del recurso. Una mala gobernanza de la pesca puede generar sobreexplotación del recurso y una injusta distribución de sus beneficios.
Las organizaciones SANHV y CPA demandan por un registro público en línea que permita tener acceso a la información de la flota pesquera que opera en el territorio nacional, como existe en otros países de la región.
La Argentina no cuenta con información actualizada, disponible y de fácil acceso sobre la cantidad de barcos, su matrícula, propietarios, características técnicas como artes de pesca, capacidad de captura,
licencia o cuota de pesca asignada y antecedentes de sanciones.
Los recursos pesqueros son un bien común, por lo tanto la ciudadanía debe tener acceso a la información que permita velar por una distribución justa y un manejo sostenible.