Buenos Aires. 23 de abril de 2024- A partir de hoy y hasta el 29 de abril, en Ottawa (Canadá), se realiza la cuarta ronda del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-4) formado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), con el fin de avanzar en reglas globales y vinculantes sobre la contaminación por plásticos. Esta sesión será la penúltima, se espera que las negociaciones concluyan en diciembre de este año, en Corea del Sur, cuando se adopte un tratado global que pueda ser abierto a la firma de los 176 estados parte.
Las discusiones estan centradas en el enfoque integral de ciclo completo del producto; avanzar sobre regulaciones para incidir (aguas arriba) en el diseño y la producción y/o estrategias para tratar la contaminación a final de tubería. Existen dos grupos de países con posiciones bien diferenciadas, uno de ellos “The High Ambition Coalition” liderado por Ruanda y Noruega, que apuntan a que el tratado sea un instrumento legal sobre todo el ciclo de vida del plástico, incluyendo medidas para reducir la producción, eliminar polímeros y químicos nocivos, y gestionar la contaminación bajo la responsabilidad ampliada del productor. El otro grupo conocido como “Global Coalition for Plastics Sustainability” conformado entre otros países por Rusia, Cuba, China y Arabia Saudita, que apuntan solo a gestionar la contaminación de los plásticos.
El informe “El rol del Congreso de la Nación en la lucha contra la contaminación plástica” del Círculo de Políticas Ambientales, señala que la contaminación por plásticos y químicos supera el límite de seguridad del planeta, situación que podría agravarse si los gobiernos no avanzan en un tratado ambicioso a nivel global y en políticas concretas en el ámbito local. Al ritmo actual de producción y descarte, la contaminación podría triplicarse y los plásticos arrojados el océano podrían cuadruplicarse para 2040, alcanzando más de 640 millones de toneladas.
En esta sesión se debe determinar la ambición del tratado; un texto borrador de máxima abarcaría un conjunto de regulaciones globales jurídicamente vinculantes sobre la producción de plástico virgen, los polímeros y sustancias químicas problemáticas, el diseño de productos, y cómo las empresas debieran rendir cuentas por los plásticos generados y cómo se gestionarán los residuos. Un tratado menos ambicioso permitiría que cada país gestione sus residuos plásticos a partir de planes nacionales voluntarios mediante sus reglas nacionales. A su vez, se centraría exclusivamente en las cuestiones “aguas abajo” referidas a la contaminación plástica en lugar de aspectos “aguas arriba” referidas a cómo se produce el plástico y cuántos residuos se generan.
Un instrumento regulatorio que está en el centro de las negociaciones es el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), orientado a promover mejoras ambientales en todo el ciclo de vida de un producto al extender las responsabilidades legales y económicas de los fabricantes a todas las fases de su producto, en otras palabras, internalizar entre sus costos la etapa del posconsumo (recuperación, reciclaje y disposición final). Esto implica que las responsabilidades, tradicionalmente asignadas a las autoridades municipales encargadas de la gestión de residuos, se trasladan al productor de los bienes.
A diferencia de lo que sucede en otros países de la región y del mundo, Argentina está muy desactualizada en materia regulatoria frente a la crisis de los plásticos y el contexto internacional que avanza hacia estrategias para la economía circular. Fuimos pioneros en comenzar a discutir la REP en la región hace más de 15 años, para regular corrientes de residuos de envase, neumáticos y artefactos electrónicos, pero a la fecha no hemos logrado sancionar ninguna de estas normas que podrían incidir en una disminución efectiva de los plásticos desechados.
Una ley de envases bajo el principio REP es indispensable para prevenir la contaminación plástica, principalmente para disminuir “el chorro” de generación plástica dado que la fabricación de envases, representan aproximadamente el 40% de la demanda de la industria plástica. A su vez, representan el 20% de los residuos domiciliarios generando una carga muy onerosa para los municipios.
Para mayor información sobre la contaminación plástica y los instrumentos regulatorios para combatirla, hacer clic aquí: El rol del Congreso de la Nación en la lucha contra la contaminación plástica