El Círculo de Políticas Ambientales partició en la Comisión de Intereses Maritimos de Diputados por la trazabilidad de la pesca

7 de mayo 2024Hoy se realizó la primera reunión del año de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros y fluviales en la Cámara de Diputados, en la cual participaron diversos actores de la actividad pesquera a propósito de lasituación actual del sector pesquero argentino. El Círculo de Políticas Ambientales –CPA- estuvo presente para expresar la necesidad de avanzar con el tratamiento de los proyectos de Ley de Trazabilidad de la Pesca que han sido representados en la Cámara Baja a principios de 2024.

La Directora Política del CPA, Consuelo Bilbao, señaló que “la trazabilidad es una necesidad y una oportunidad en el contexto actual local e internacional del sector pesquero, debido a diferentes determinantes, entre ellos la Pesca Ilegal No Declarada y no Reglamentada (INDNR) cuyo esfuerzo pesquero se ha multiplicado por 8 en la última década. La trazabilidad no es la única herramienta, pero es una de las que pueden implementar los Estados para distinguir lo que es pesca legal de aquella INDNR”.  

Existen dos proyectos de ley sobre trazabilidad de la pesca que esperan su tratamiento en la Comisión de Interés Marítimos, uno deellos de la Diputada Marcela Passo, y el otro, del Diputado Maximiliano Ferraro.  Ambos proyectos fueron representados este año con textos similares al Dictamen unificado que se debatió durante 2023 y que ingresó a recinto en la última sesión ordinaria del año, pero que no pudo ser aprobada debido a la falta de quorum.

Los proyectos plantean la creación de un sistema nacional para rastrear de manera electrónica los productos de la pesca desde la captura hasta que llegan a los platos de los consumidores, garantizando su legalidad e inocuidad. De esta forma, la trazabilidad permite diferenciar en los mercados internacionales a la pesca argentina de aquella que realizan de forma ilegal y no reglamentada las flotas chinas que operan en el Atlántico Sur, al borde del Mar Argentino; además de evitar el fraude y el mal etiquetado en el mercado local.

Cada vez más mercados exigen que los productos de mar sean trazables debido a la competencia desleal generada por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) que viola jurisdicciones nacionales, utiliza trabajo forzoso, contamina el ambiente y agota pesquerías en todo el mundo. Argentina exporta más del 90% de su pesca marítima, y hoy debe competir por el recurso con las flotas chinas que pescan de forma no regulada en la milla 201, y que además comercializan sus capturas en los mercados internacionales.

“La trazabilidad también es importante para combatir el fraude de alimento, que, si bien no hay mucha información en nuestro país, la poca y actualizada de CONICET Mar del Plata, indica que el 36% de los filetes comercializados en las grandes ciudades registran fraude o están mal etiquetados; indicando nombres comerciales para un producto que es reemplazadas por una especie que no tiene plan de manejo o puede estar amenazadas” agregó Bilbao.

Organizado por la Plataforma H2 Argentina y el Gobierno de Chubut, se llevó a cabo el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde

26 de abril de 2024- En el día de hoy se llevó a cabo el Foro Transición Energética e Hidrógeno Verde en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, organizado conjuntamente por el gobierno provincial y la Plataforma H2 Argentina. Encabezaron el encuentro el gobernador Ignacio Torres, el vicegobernador Gustavo Menna, el embajador de la Unión Europea en Argentina Amador Sánchez Rico, y Juan Carlos Villalonga, asesor del Círculo de Políticas Ambientales por la Plataforma H2 Argentina.

 “El mundo necesita una transición energética y la Argentina necesita divisas”, abrió diciendo el gobernador Ignacio Torres y agregó “Ahí podemos converger en una agenda común. Yo creo profundamente que tenemos que poner esta agenda como prioridad, ya que el impacto (del cambio climático) lo vamos a ir viendo paulatinamente. Es necesario que todos los estamentos políticos entendamos la importancia de tener una agenda verde con responsabilidad”. Por último, sostuvo que “para seguir aportando al país, necesitamos calidad institucional, ser competitivos y un marco normativo adecuado”.  

Por su parte, el embajador de la Unión Europea expresó que “el desarrollo del hidrógeno verde es clave para la transición energética que tenemos por delante dentro de la Unión Europea, cuya meta es ser climáticamente neutros al 2050. Argentina ofrece un marco excepcional para la producción del hidrógeno verde y para esta transición energética dadas sus características geológicas, geográficas y climatológicas”.  A lo que agregó “consideramos que Argentina es un socio confiable”.

A su turno, Juan Carlos Villalonga planteó que el hidrógeno permite exportar viento de la Patagonia al mundo: “hoy la energía que producís del viento es una energía que se consume localmente, pero con la posibilidad de fabricar hidrógeno podés exportarlo y será un bien muy valorado en los próximos años. A partir del 2030 en adelante, el mercado internacional del hidrógeno será una realidad”.

El Foro contó con seis paneles en los que disertaron representantes de embajadas y agencias de cooperación europeas, de la industria, legisladores nacionales, autoridades nacionales y provinciales (Secretaría de Energía de Nación y funcionarios de energía, ambienta e infraestructura de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), académicos, especialistas y organizaciones no gubernamentales. Fue impulsado en forma conjunta entre el Gobierno del Chubut y la PlataformaH2 Argentina, y tuvo por fin habilitar un espacio de diálogo entre el sector público y privado, la comunidad internacional, académica y la sociedad civil.

Video completo del evento aquí

Información sobre la Plataforma H2 Argentina aquí

Plásticos: penúltima reunión en Canadá para alcanzar un tratado global

Buenos Aires. 23 de abril de 2024- A partir de hoy y hasta el 29 de abril, en Ottawa (Canadá), se realiza la cuarta ronda del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-4) formado por la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), con el fin de avanzar en reglas globales y vinculantes sobre la contaminación por plásticos. Esta sesión será la penúltima, se espera que las negociaciones concluyan en diciembre de este año, en Corea del Sur, cuando se adopte un tratado global que pueda ser abierto a la firma de los 176 estados parte.

Las discusiones estan centradas en el enfoque integral de ciclo completo del producto; avanzar sobre regulaciones para incidir (aguas arriba) en el diseño y la producción y/o estrategias para tratar la contaminación a final de tubería. Existen dos grupos de países con posiciones bien diferenciadas, uno de ellos “The High Ambition Coalition” liderado por Ruanda y Noruega, que apuntan a que el tratado sea un instrumento legal sobre todo el ciclo de vida del plástico, incluyendo medidas para reducir la producción, eliminar polímeros y químicos nocivos, y gestionar la contaminación bajo la responsabilidad ampliada del productor. El otro grupo conocido como “Global Coalition for Plastics Sustainability” conformado entre otros países por Rusia, Cuba, China y Arabia Saudita, que apuntan solo a gestionar la contaminación de los plásticos.

El informe  “El rol del Congreso de la Nación en la lucha contra la contaminación plástica” del Círculo de Políticas Ambientales, señala que la contaminación por plásticos y químicos supera el límite de seguridad del planeta, situación que podría agravarse si los gobiernos no avanzan en un tratado ambicioso a nivel global y en políticas concretas en el ámbito local. Al ritmo actual de producción y descarte, la contaminación podría triplicarse y los plásticos arrojados el océano podrían cuadruplicarse para 2040, alcanzando más de 640 millones de toneladas.

En esta sesión se debe determinar la ambición del tratado; un texto borrador de máxima abarcaría un conjunto de regulaciones globales jurídicamente vinculantes sobre la producción de plástico virgen, los polímeros y sustancias químicas problemáticas, el diseño de productos, y cómo las empresas debieran rendir cuentas por los plásticos generados y cómo se gestionarán los residuos. Un tratado menos ambicioso permitiría que cada país gestione sus residuos plásticos a partir de planes nacionales voluntarios mediante sus reglas nacionales. A su vez, se centraría exclusivamente en las cuestiones “aguas abajo” referidas a la contaminación plástica en lugar de aspectos “aguas arriba” referidas a cómo se produce el plástico y cuántos residuos se generan.

Un instrumento regulatorio que está en el centro de las negociaciones es el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), orientado a promover mejoras ambientales en todo el ciclo de vida de un producto al extender las responsabilidades legales y económicas de los fabricantes a todas las fases de su producto, en otras palabras, internalizar entre sus costos la etapa del posconsumo (recuperación, reciclaje y disposición final).  Esto implica que las responsabilidades, tradicionalmente asignadas a las autoridades municipales encargadas de la gestión de residuos, se trasladan al productor de los bienes.

A diferencia de lo que sucede en otros países de la región y del mundo, Argentina está muy desactualizada en materia regulatoria frente a la crisis de los plásticos y el contexto internacional que avanza hacia estrategias para la economía circular. Fuimos pioneros en comenzar a discutir la REP en la región hace más de 15 años, para regular corrientes de residuos de envase, neumáticos y artefactos electrónicos, pero a la fecha no hemos logrado sancionar ninguna de estas normas que podrían incidir en una disminución efectiva de los plásticos desechados.

Una ley de envases bajo el principio REP es indispensable para prevenir la contaminación plástica, principalmente para disminuir “el chorro” de generación plástica dado que la fabricación de envases, representan aproximadamente el 40% de la demanda de la industria plástica. A su vez, representan el 20% de los residuos domiciliarios generando una carga muy onerosa para los municipios.

Para mayor información sobre la contaminación plástica y los instrumentos regulatorios para combatirla, hacer clic aquí: El rol del Congreso de la Nación en la lucha contra la contaminación plástica

Media sanción del Senado para los acuerdos sobre subvenciones a la pesca (OMC) y seguridad de buques pesqueros (Ciudad del Cabo)

Buenos Aires, 18 de abril 2024– El Acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC) denominado Paquete de Ginebra y el Acuerdo sobre seguridad de buques pesqueros conocido como Acuerdo de Ciudad del Cabo, obtuvieron median sanción del Senado de la Nación esta tarde, luego de esperar más de dos años por su tratamiento.  Ahora resta la aprobación de la Cámara de Diputados para que finalmente puedan ser ratificados por el Poder Ejecutivo ante los respectivos organismos de Naciones Unidas.   

El Paquete de Ginebra adoptado en la Duodécima Conferencia Ministerial en junio de 2022, luego de 20 años de negociaciones, representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos dado que prohíbe las subvenciones a la pesca perjudiciales, un factor clave en el agotamiento generalizado de las poblaciones de peces en el mundo.

Hasta el momento ya lo han ratificado 70 Estados, entre ellos nuestros países vecinos Perú, Chile y Uruguay. Para que el Acuerdo entre en vigor es necesario que las dos terceras partes de los Miembros de la OMC depositen su “instrumento de aceptación”.

Anualmente, los gobiernos gastan aproximadamente $22 mil millones de dólares en subsidios a la pesca para compensar el costo en combustible, artes de pesca y construcción de nuevas flotas entre otras. Estos subsidios promueven el esfuerzo pesquero y la sobrepesca. Sin los grandes subsidios gubernamentales, el 54% de los caladeros de pesca de alta mar no serían rentables.

En el Atlántico Sudoccidental operan aproximadamente 550 embarcaciones pesqueras y de apoyo al borde exterior de la zona económica exclusiva (ZEE) argentina gracias a los subsidios a la pesca destructiva. Estas flotas de agua distante (DWF) no cumplen con ninguna regulación ni medida de sostenibilidad y amenazan los recursos marinos del país en la milla 201. Sin los aportes de sus gobiernos no podrían alcanzar regiones tan remotas.

Argentina, junto a los países de la región, son afectados directamente por los impactos negativos causados por las subvenciones a la pesca destructiva de estas flotas, por lo que debería ratificar de forma urgente el Acuerdo de la OMC.

Por su parte, el Acuerdo de Ciudad del Cabo fue celebrado en octubre de 2012 en el marco de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad y las condiciones laborales de los pescadores comerciales y los observadores. En 2022 el Acuerdo fue relanzado en busca de las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.

En los últimos años, el foco puesto en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha revelado que las condiciones deficientes de trabajo son la regla en las flotas de aguas distantes, en las que se expone a las tripulaciones al trabajo forzoso, permaneciendo a bordo por períodos más largos, cada vez más lejos de casa y sin descanso, bajo condiciones meteorológicas peligrosas, sin equipos de seguridad, con alimento escaso y no adecuado y sin asistencia médica básica.

La entrada en vigor del Acuerdo de Ciudad del Cabo 2012 lograría un control global más estricto de las condiciones de trabajo de las tripulaciones y que las operaciones de pesca se lleven a cabo de manera segura y legal. Se trata de herramienta que contribuye a combatir la explotación de las personas y de los recursos, desalentando, además, la pesca INDNR que azota a varias regiones del mundo, incluido el Atlántico Sudoccidental.

Para mayor información sobre el Acuerdo de OMC ver Prohibición de subvenciones a la pesca destructiva y sobre Acuerdo de Ciudad del Cabo hacer clic aquí

Carta enviada a legisladores nacionales por investigadores del IANIGLA (Glaciares)

Rechazo de organizaciones de la sociedad civil a las reformas ambientales propuestas en la nueva versión de la ley ómnibus

Buenos Aires, 23 de enero 2023. Más de ciento veinte organizaciones de la sociedad civil unen sus voces para oponerse enfáticamente a las modificaciones a las leyes ambientales propuestas en la última versión del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Gobierno Nacional. Este pronunciamiento fue formalizado mediante una carta entregada ayer ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Las organizaciones reclaman que no sea incorporado a la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” el capítulo ambiental;  alertan por la permanencia de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos 26.562 de control de actividades de quema; 26.331 de protección ambiental bosques nativos; 26.639 de protección ambiental de glaciares y ambiente periglacial; y la Ley 24.922 que establece el Régimen Federal de Pesca, en la última versión de proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales María Eugenia Testa afirmó “los cambios al capítulo ambiental, de pesca y el agregado en materia de hidrocarburos incluidos por el Poder Ejecutivo Nacional en esta segunda versión del proyecto de ley no mejoran en forma alguna a la propuesta inicial. Por el contrario, gran parte de los puntos más objetables de las modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos permanecen sin cambios”

La carta sostiene que las leyes ambientales y las modificaciones propuestas en la nueva versión que presentó el ejecutivo recientemente, no tienen ninguna relación con las necesidades y urgencias de la situación económica que atraviesa la Argentina, por lo que no hay justificación alguna para que sean incorporadas en el paquete de reformas.

“El nuevo texto propuesto mantiene el recorte a la definición amplia de glaciar y ambiente periglacial hoy vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares. A su vez, se mantiene la eliminación del fondo de la Ley de Bosques que establece partidas fijas para la protección de bosques nativos. Están destruyendo dos normas clave para la protección ambiental que llevaron mucho esfuerzo y participación de toda la ciudadanía para lograrlas” afirmó Testa.

La misiva señala que estas modificaciones incumplen los compromisos internacionales suscritos por Argentina. El proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” vulnerar el principio de no regresión ambiental, ya que los cambios propuestos implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado enérgico a la Cámara de Diputados para que no dé curso a estas propuestas que avasalla principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades que se pretenden beneficiar, y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales.

Para conocer el texto completo enviado a los legisladores, haga click aquí

Desarrollo del hidrógeno verde en Chubut

23 de enero de 2024. Representantes de la Fundación Círculo de Políticas Ambientales (CPA) se reunieron este martes con el vicegobernador de la provincia de Chubut, Gustavo Menna, para analizar el avance del hidrógeno verde en la provincia y la Patagonia. Como diputado nacional en el período 2017-2021, Menna fue uno de los principales impulsores del proyecto de Ley de Hidrógeno Verde desarrollado en el marco de la Plataforma H2 Argentina, de la que el CPA es miembro. Por parte de la Fundación participaron Juan Carlos Villalonga, asesor del área de Clima y Energía, y Carina Quispe, coordinadora general de proyectos.

En el encuentro, se conversó sobre el potencial que tiene para desplegar una industria del hidrógeno verde y de la necesidad de contar con marcos regulatorios adecuados y una política de promoción tanto nacional como provincial.

En este marco, los representantes del CPA también se reunieron con legisladores provinciales del bloque oficialista y con el secretario de Ambiente Chubut, Juan José Rivera, y Ana Marino, directora general de Gestión Ambiental. Las estrategias y regulaciones de desarrollo industrial y ambiental fueron los temas señalados en la reunión.

Carta de organizaciones ambientales a Diputados sobre el “listado de cambios” a la “ley ómnibus”

Observaciones a las derogaciones de legislación ambiental incluidas en el DNU presidencial

Más de un centenar de organizaciones expresan preocupación por los retrocesos a la legislación ambiental planteados en la Ley Ómnibus

Buenos Aires, enero 2024Más de 100 organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las modificaciones a la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos (N° 26331), Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Glaciares y Ambiente Periglacial (N° 26639), Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Controlar las Actividades de Quema (N° 26.562) y la Ley Régimen Federal de Pesca (N° 24.992), que implica un retroceso en la política ambiental lograda en los últimos años tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales.

Además, el proyecto de ley vulnera el principio de no regresión ambiental, contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) en plena vigencia y ratificado por nuestro país), dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados.

María Eugenia Testa, Directora Ejecutiva del Círculo de Políticas Ambientales señaló “las normas ambientales vigentes han atravesado un largo camino, no son el resultado de decisiones exprés que surgieron del escritorio de algún funcionario iluminado, o de representantes de cámaras empresariales o de estudios de abogados que las representan que pretenden capturar para sí la formulación de políticas públicas”.

Para que Argentina sea una potencia mundial es crucial construir sobre lo ya construido evitando destruir los logros alcanzados afirman. Entre esos logros, se encuentran las normas que este proyecto de ley pretende reformar y que conforman la columna vertebral de la protección del ambiente y los recursos naturales de nuestro país. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente alcanzados debe ser considerado ilegal e inconstitucional.

las modificaciones planteadas no sólo implican un debilitamiento regulatorio en áreas clave, sino también la introducción de una visión del mundo que concibe al desarrollo como destrucción del entorno natural y del mundo social vinculado a éste”, afirmó Testa.

Es por eso que el pedido a la Cámara de Diputados es a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país. Entre los principales argumentos esgrimidos se encuentran:

  • Las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos pretenden habilitar desmontes hoy prohibidos en las categorías roja (I) y amarilla (II). De aprobarse el proyecto de ley del PEN, más de 42 millones de hectáreas, cerca del 80% de los bosques nativos de la Argentina hoy bajo protección a perpetuidad, quedarán desprotegidos y a merced de desmontes a gran escala, afectando a su biodiversidad y los beneficios sociales, ambientales y culturales que proveen a las personas. Por otra parte, las modificaciones desfinancian el presupuesto para la protección de los bosques nativos al eliminar el mínimo planteado por la Ley del 0,3 del presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales.
  • Las modificaciones propuestas a la Ley 26.639 de glaciares permitiría la actividad económica en los ambientes periglaciares vulnerando la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas, no sólo para la vida humana sino para sostener el funcionamiento de los ecosistemas.
  • Las modificaciones propuestas a la Ley 24.922 Régimen Federal de Pesca facilitaría una profundización del extractivismo en el mar, con usos que no sigan pautas de conservación ni consideren los impactos sobre la biodiversidad marina.
  • Las modificaciones propuestas a la Ley 26.562 de Control de Actividades de quema al agregar a la definición de el “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc. Por otra parte, si bien el proyecto de ley mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, establece un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se considerará que la quema ha sido autorizada.

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Organizaciones participantes:

ACERCA (Agencia de Cooperación Estratégica Rural para el Chaco Americano), AFOPE , Ahora Qué?, Alianza Gato Andino, Alianza x el Clima, Ambient.Arg, Ambientalistas Ituzaingó, Ananda, AquaMarina, Asamblea Socio Ambiental Campana, Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas , Asociación Argentina de Ecología, Asociación Boana, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Asociación Civil Arbolado, Asociación Civil Capibara, Asociación Civil de ecología integral Laudato si, Santiago del Estero, Asociación Civil El Cuenco Equipo Ambiental, Asociación Civil por la Responsabilidad Amartya, Asociación Comunitaria y Biblioteca Popular El Molino- Vaqueros- Salta, Asociación de Amigos de la Patagonia, Asociación Herpetológica Argentina, Asociación Miguel Ragone, Asociación Para El Desarrollo (ADE), Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza (ACEN), Aves Argentinas, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), CEPPAS, Círculo de Políticas Ambientales, Climate Save Argentina, Club de Roma Argentina, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero, Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Comisión de Reservas Naturales Privadas del Chaco, Comisión de Supervivencia de Especies, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Conciencia Ecológica, Conciencia Solidaria, Al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico, y los Derechos Humanos, Asociación Civil, Consciente Colectivo, Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco, Cooperativa Agroecológica Yvy Marane´y Ciudad de Corrientes, Correntinos Contra el Cambio Climático, Defensores del Pastizal, Eco House Global, Ecosistemas Argentinos, Equipo Nacional de Patronal Aborigen (ENDEPA), Federación Argentina de Ingenieros Forestales, Federación Campesina Guaraní de Corrientes, Federación de Trabajadores Chaqueños, Federación de Trabajadores Correntinos, Fibo Impacto Social, FNGA (Fundación Nueva Generación Argentina), Foro Ambiental Córdoba – Asociación Civil, Frente Sindical de Acción Climática, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Anfibia, Fundación Avina, Fundación Azara, Fundación Banco de Bosques, Fundación Biodiversidad Argentina, Fundación Cebil, Fundación CEBio, Fundación de la Tierra, Fundación Gran Chaco, Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Inalafquen, Fundación Los Albardones, Fundación Mane´Kenk Educación Ambiental, Fundación Manos Verdes, Fundación Natura Argentina, Fundación Patagonia Natural, Fundación Plurales, Fundación Por el Mar, Fundación R.E.VERDECER – Salta, Fundación Red Comunidades Rurales, Fundación Red Yaguareté, Fundación Rewilding Argentina, Fundación Solidaridad Latinoamericana, Fundación Sustentabilidad sin Fronteras, Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundacion VIentos del Sur Para el Desarrollo Humano Integral-Salta, Fundación YUCHAN, Fundeps Argentina, Futuro Córdoba Asociación Civil, Guardianes del Y’vera, Health Save Argentina, Humedales en Red, Instituto de conservación de ballenas, Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo, IIED – América Latina, Instituto Jane Goodall Argentina, Jóvenes por el Clima, Los Verdes, Mesa Foresto Industrial de Santiago del Estero, Movimiento Político Ecológico de Raiz, Mundo sur, Museo del Hambre, No a la mina, Organización Ambiental Pilmayqueñ, Organización Isla Verde, Proyecto Quimilero, Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, Red Bosques, Políticas y Territorios, Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, Red del río Luján, S.O.S Hábitat Mercedes, SaSa, Sociedad Argentina de Biología Evolutiva, Sociedad Argentina de Botánica, Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM), Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Unidos por nuestras Acequias, UPVA Unidos por la Vida y el medio Ambiente, Vecinos del Humedal, WCS Argentina, Yo No Mato Serpientes.


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