5 de abril de 2022. El miércoles 5 de abril se llevó a cabo el seminario virtual “Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): herramientas para combatirla”, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que contó con la participación de funcionarios y especialistas de Argentina, Ecuador, Estados Unidos y Perú. La dificultad en combatir las actividades ilegales en aguas internacionales, las regulaciones nacionales pendientes, y la necesidad de una mayor decisión política fueron los principales ejes del debate. Las exposiciones estuvieron a cargo de Michael Brakke, subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos; Pilar Proaño, ex viceministra de Pesca y Acuacultura de Ecuador; Graciela Camaño, diputada nacional de Argentina; Juan Carlos Sueiro Cabredo, director de Pesquerías de Oceana en Perú; Milko Schvartzman, responsable del Programa de Conservación y Pesca del Círculo de Políticas Ambientales y Fernando Arce Alvarado, vicepresidente del Parlamento Andino por Perú. En la apertura de las exposiciones, Milko Schvarztman señaló que “la flota de pesca de Calamar, mayormente de bandera china, que opera en las costas de Sudamérica tiene presencia en varios países de la región, entre ellos Ecuador, Perú, Chile y Argentina entre junio y abril de cada año”. También remarcó que “se ha detectado una mayor presión sobre los recursos pesqueros en el Atlántico Sur entre 2020 y 2021, debido a un mayor número de embarcaciones y mayor tiempo de pesca en la región.” Schvarztman destacó que “estas flotas de aguas distantes operan sin respetar ningún tipo de regulaciones: ni ambientales, ni laborales, ni de seguridad de la navegación”. “Una de las medidas para combatir la pesca INDNR es evitar que sus productos lleguen a nuestros mercados, y otra es mejorar la trazabilidad en la pesca. En EEUU contamos con dos abordajes generales: uno es evaluar el cumplimiento de los requisitos de las pesqueras a nivel nacional, referidos a la pesca incidental; y el segundo tiene que ver con los programas de monitoreo de importaciones de productos del mar”, señaló en el momento de su intervención Michael Brakke de la NOAA. Con respecto a este último agregó, “los puertos deben tener conocimiento de las especies, registro y procesos. Tenemos definidas programas para especies en riesgo sobre las que hay que evitar la pesca INDR”. Finalmenteremarcó que: “los programas de trazabilidad son muy importantes. Es fundamental que los gobiernos tengan información para saber lo que se importa, evitar algunos productos pesqueros y darle información al consumidor sobre el pescado que consumen”. En su momento, la ex viceministra de Pesca de Perú, Pilar Proaño, destacó la necesidad de actuar sobre los propietarios de los barcos que realizan pesca INDNR, ya que frente a un barco que realiza una práctica ilegal hoy las sanciones se enfocan en el delito ambiental y no en su penalización, remarcando que “está muy bien que se sancione con todo el peso de la ley a quienes cometieron el delito, pero la sanción queda en la cadena más débil (en los tripulantes y capitán del buque), pero no hemos ido al fondo: a los propietarios del buque, quienes deberían haber sido sancionados y los barcos listados en pesca INDNR” Mientras que, en su exposición, Juan Carlos Sueiro Cabredo de Oceana Perú señaló que “existen múltiples formas de pesca INDR en Perú. Una de ellas es el fraude extendido. Tenemos dos estudios con análisis de ADN para conocer qué pescado se venden en restaurantes y los mercados. El índice del fraude es bastante alto, es un tema global pero que en Perú tiene una particular importancia”; y también destacó que “hay una gran afluencia de estas flotas (chinas) a puertos peruanos: Por eso en 2020 se dictó el Decreto Supremo 016, que establece restricciones para el ingreso de barcos de Pota: solo podrán ingresar aquellos que tenga un sistema de rastreo satelital por 6 meses en la zona, por esta medida ha caído el ingreso a puerto (176 en 2019, 2 en 2021)”. Desde Argentina, la diputada Graciela Camaño resaltó que “la pesca INDNR implica un negocio de 23.000 millones de dólares; junto con la piratería, el narcotráfico y el tráfico de personas, se ha vuelta una amenaza frecuente que desafío el buen orden en el mar, un delito global que no solo ponen en riego el ambiente y la seguridad alimentaria, sino que puede dañar severamente la economía de países marítimos”; mientras que hizo hincapié en que “debemos avanzar en una forma de gestión pesquera que involucre a todos los países de la región, incluyendo al sector público y al sector privado con sistemas de vigilancia de nuestros mares que sean cooperativos, con convenios de colaboración en instancias judiciales para hacer posibles las órdenes de detención; con intercambio genuino de información y directrices estándares que permitirá a los países aplicar sus propias estimaciones comparables y medibles.” Hacia el cierre del encuentro virtual, el asesor del legislador Fernando Arce Alvarado, Miguel Ángel Rodríguez, se refirió a la efectividad de los convenios internacionales y las deficiencias irresueltas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), señalando que existen zonas que hoy se presentan como especialmente críticas ante la pesca INDNR como el Pacífico y el Atlántico Sur y que no son atendidas a nivel global. El seminario contó con una nutrida audiencia, con representantes de organizaciones, gobiernos, embajadas, organismos y agencias públicas, empresas y universidades de varios países del continente y de organizaciones internacionales dedicadas a la pesca, la conservación y al crimen organizado. Acceder al video del seminario virtual Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): herramientas para combatirla”
28 de marzo de 2022. Se publicó hoy la cuarta edición de la Agenda Ambiental Legislativa (2022) del Círculo de Políticas Ambientales, que compila una serie de proyectos de ley en materia ambiental y energética con estado parlamentario en el Congreso de la Nación, analizados por especialistas de diversas áreas. Este año, la agenda seleccionada incluye aquellos proyectos que buscan avanzar en una normativa de presupuestos mínimos referente a la evaluación ambiental; alcanzar una protección efectiva del Mar Argentino mediante la creación de áreas protegidas, la trazabilidad de la pesca y la acuicultura; regular la sobrepesca en la Cuenca del Plata; lograr la protección de los humedales; implementar sistemas de gestión de los envases posconsumo y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; garantizar la remediación de pasivos ambientales y sitios contaminados; establecer una agenda clara para el desarrollo del hidrógeno verde y la electromovilidad; contribuir a mejorar la actual ley de cambio climático y garantizar el acceso al agua en lugares públicos. La Agenda Ambiental Legislativa intenta aportar al debate parlamentario e impulsar normas que contribuyan a una política pública ambiental. La versión 2022 cuenta con un apartado dedicado al seguimiento parlamentario de los proyectos analizados en la versión de la Agenda Ambiental Legislativa 2021. En el año 2020, la Agenda Ambiental Legislativa del Círculo de Políticas Ambientales fue declarada de interés de la Cámara de Diputados de la Nación. Descargar la agenda
26 de marzo de 2022– El próximo martes 5 de abril se desarrollará el seminario “Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: desafíos para la región y herramientas para combatirla”, organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y apoyado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el encuentro disertarán Michael Brakke, subdirector de la Oficina de Asuntos Internacionales y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos; Pilar Proaño, ex viceministra de Pesca y Acuacultura de Ecuador y consultora internacional en Derecho del Mar; Graciela Camaño, Diputada Nacional argentina y vicepresidente del capítulo local de la Red de Parlamentarios para la Acción Global; Juan Carlos Sueiro Cabredo, director de Pesquerías de Oceana Perú y consultor de organismos internacionales; Milko Schvartzman, responsable del programa de conservación y pesca del Círculo de Políticas Ambientales; y Fernando Arce Alvarado, vicepresidente del Parlamento Andino por Perú. El evento virtual tendrá lugar el próximo martes 5 de abril a las 5 p.m. hora Buenos Aires y requiere inscripción previa. AQUÍ
Cada vez son más los países que están estableciendo sistemas de trazabilidad para los productos del mar, entre ellos los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, tres mercados importantes para las exportaciones argentinas. La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y el trabajo esclavo asociado a ella, son hoy los principales impulsores de estas políticas. Así lo demuestra un informe del Círculo de Políticas Ambientales (CPA) publicado hoy, en el que se analiza la situación global y local en materia de trazabilidad de los productos del mar. De acuerdo con el reporte, la trazabilidad de la pesca se ha vuelto hoy una de las herramientas clave para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Estos esquemas buscan dejar fuera de juego aquellos productos de la pesca que no puedan certificar su origen y trayectoria, así como las condiciones de trabajo de los tripulantes a bordo. La Argentina aún no cuenta con una norma de estas características, y aunque se han presentado dos proyectos de ley en el Congreso de la Nación, aún no se ha avanzado en su tratamiento. La industria y organizaciones ambientales impulsan su sanción. “Contar con un sistema nacional de trazabilidad establecido por ley ayudaría a la Argentina a diferenciar sus productos del mar, capturados y comercializados en cumplimiento de la normativa, de aquellos obtenidos a través de la pesca ilegal por las flotas extranjeras que ingresan a nuestra zona económica exclusiva (ZEE) y de aquellos que son producto de la pesca no declarada y no reglamentada, realizada por los mismos barcos al límite de la milla 200. Para la economía argentina es de vital importancia, ya que el 90% de la pesca local tiene como destino la exportación”, señaló Milko Schvarztman, especialista en conservación marina y pesca INDNR del Círculo de Políticas Ambientales. En los últimos años, el problema de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sudoccidental se ha vuelto más visible, debido a la preocupación de la sociedad y las denuncias realizadas principalmente por organizaciones no gubernamentales. Durante la temporada alta, las embarcaciones no reguladas que operan en el borde exterior de la ZEE argentina suman casi 600, muchas de las cuales ingresan para la pesca ilegal. Las pérdidas ocasionadas por esta práctica no solo se miden en términos de la afectación al ecosistema marino y sus especies, sino también económicos, por las divisas que dejan de ingresar al país, por la pérdida de empleo y por el impacto sobre los recursos de los que depende la industria nacional. Debido a que gran parte de estas flotas operan en aguas internacionales, especialmente al borde de las aguas territoriales, las medidas de patrullaje y control de los países no es suficiente, ya igualmente son afectados. Es por ello que, muchos países están estableciendo o ajustando sus políticas de trazabilidad de la pesca. Mientras Japón sancionó a fines de 2020 una ley contra la pesca ilegal y el trabajo esclavo basada en la trazabilidad que está en proceso de reglamentación, los Estados Unidos y la Unión Europea, que ya cuentan con regulaciones de este tipo, están avanzando en el establecimiento de criterios más estrictos. Rusia también ha implementado en 2021 una normativa que va en esta línea. “Que la pesca cuente con altos estándares de trazabilidad será un factor determinante para competir en los mercados internacionales. Avanzar en una regulación en esa línea es clave para la industria local, más allá de los beneficios ambientales que representa. Debido a ello, desde el Círculo de Políticas Ambientales venimos promoviendo el tratamiento de una regulación que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca en el Congreso de la Nación”, remarcó María Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales. El informe publicado hoy por la organización se basa en un relevamiento de la normativa global en materia de trazabilidad de la pesca y de los procesos de debate en torno a ellas que están sucediendo en los principales mercados de exportación de la Argentina. Además, rescata las iniciativas locales que buscan hacer experiencia en este tema clave para el futuro de la industria. Informe disponible en aquí
Legisladores nacionales, organizaciones no gubernamentales, representantes de empresas pesqueras y del SENASA, participaron ayer de la Jornada de Trazabilidad de la Pesca en la Argentina, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales. Coincidieron en la necesidad de que el Congreso de la Nación sancione una regulación a nivel nacional sobre trazabilidad de la pesca y la acuicultura. Buenos Aires, 22 de octubre – Con participantes y expositores del sector empresario, la sociedad civil, organismos estatales y legisladores nacionales, se realizó ayer la Jornada de Trazabilidad de la Pesca en la Argentina, organizada por el Círculo de Políticas Ambientales. Los expositores intercambiaron experiencias y antecedentes locales y analizaron los avances de las regulaciones y restricciones en los principales mercados importadores. En ese marco, los diputados Gustavo Menna y Carlos Selva -autores de los dos proyectos de ley sobre trazabilidad de la pesca con estado parlamentario en el Congreso de la Nación- coincidieron en que las iniciativas buscan contribuir con el desarrollo de la industria y la adecuación a los nuevos requerimientos que vienen estableciéndose en los principales mercados globales. El diputado Menna sostuvo, además, que “el debate sobre la trazabilidad tiene que ver con la pesca ilegal, no regulada, que acontece frente a nuestras costas, más allá de la milla 200 pero que también tiene incursiones furtivas de esa flota que no tiene permisos“. En tanto que Selva manifestó que la intención de los proyectos de ley es “seguir fortaleciendo determinadas cadenas productivas que van a garantizar la calidad alimentaria, y (el cumplimiento de) las exigencias que el mundo nos va a requerir” Por su parte Fabián Ballesteros, de la Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura de SENASA, quien expuso sobre el proyecto piloto de trazabilidad en langostinos llevado adelante por la entidad, agregó que el marco regulatorio internacional que viene diseñándose en los últimos años “está requiriendo la posibilidad de contar con un sistema nacional de trazabilidad que sea interoperable”, es decir en línea con los sistemas internacionales. Ángel Matamoro Irago, director Corporativo RSC de Nueva Pescanova (España), describió el trabajo que vienen realizando bajo los estándares GSDT (Global Dialogue on Seafood Traceability) y aseguró que la empresa proyecta, a partir de marzo de 2022, que todos los productos de langostino producidos en la Argentina garanticen una total trazabilidad a los mercados. En ese sentido, sostuvo: “somos voluntarios para cooperar en todo lo que el gobierno, el mercado, las autoridades argentinas necesiten de nosotros para tener una estupenda ley de trazabilidad en Argentina y alineada con los principales mercados a los que los productos de Argentina llegan“. Desde Iberconsa, la directora de Calidad Daniela Barreto se sumó al planteo de la necesidad de un sistema de trazabilidad a nivel nacional que facilite la información de diversos proveedores: “en Argentina conviven diversos sistemas de trazabilidad. Esta atomización hace que la coordinación sea difícil entre los actores“, sostuvo. Por último, desde el sector de las ONGs, Daniela Gomel y Verónica García de Fundación Vida Silvestre presentaron los avances del proyecto de bitácora electrónica, un sistema gratuito y de código abierto que permite utilizar sus dispositivos móviles para registrar y transmitir electrónicamente los datos de las capturas y el esfuerzo pesquero y facilitar a las autoridades un seguimiento de la pesca a través de un sitio web; mientras que desde el Círculo de Políticas Ambientales, María Eugenia Testa realizó un análisis de los avances de la normativa sobre trazabilidad de la pesca en los principales mercados importadores a nivel global.
Una docena de organizaciones no gubernamentales le piden al Congreso de la Nación que se sancione una ley que establezca un sistema nacional de trazabilidad de la pesca. El monitoreo de la cadena productiva marítima es clave para combatir la pesca ilegal, el fraude en los productos del mar y promover la sostenibilidad ambiental de las pesquerías. “Un sistema nacional de trazabilidad servirá para identificar a las especies del Atlántico Sudoccidental que son capturadas por pesquerías reguladas, de aquellas flotas que no cumplen con las condiciones ambientales, sanitarias y laborales básicas. Con una ley de trazabilidad se preserva el ambiente marino de nuestro país, como así también la producción y el consumo sostenibles”. Actualmente, dos proyectos de ley cuentan con estado parlamentario (FdT y JxC), pero no han sido tratados por la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios. Estos sistemas están tomando cada vez más relevancia a nivel global, impulsados principalmente por la demanda de los consumidores y también de algunas empresas. Los principales destinos de las exportaciones argentinas, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, están avanzando con medidas cada vez más exigentes con respecto al origen y trayecto de los productos de la pesca que llegan a sus consumidores. Declaración completa aquí Organizaciones firmantes: Círculo de Políticas Ambientales (CPA); Fundación Rewilding Argentina; Instituto de Conservación de Ballenas; Fundación Vida Silvestre Argentina; Fundeps; Wild Earth Foundation; Ecohouse; Fundación Cambio Democrático; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Sustentabilidad sin Fronteras; Asociación Mane’Kenk y AquaMarina.